Grecia acepta nuevos ajustes en funcionarios para evitar la quiebra

El Consejo de Ministros de Grecia se reúne hoy para dar luz verde a las nuevas medidas de ajuste pactadas en los últimos días con los negociadores de la Comisión Europea, el BCE y el FMI, conocidos como la troika, que afectarán especialmente a los funcionarios y a los empleados de las empresas públicas. Ayer se celebró la segunda sesión del encuentro por teleconferencia entre la troika y el ministro heleno de Finanzas, Evangelos Venizelos, en la que, según medios comunitarios, se lograron "buenos progresos". Los negociadores europeos y del FMI anunciaron anoche que volverán a Atenas a comienzos de la próxima semana para cerrar el acuerdo que permita desbloquear el sexto tramo del rescate, que asciende a 8.000 millones de euros, y que permitirá que el país pueda atender el pago de sus compromisos.

Los negociadores han puesto sobre la mesa medidas drásticas que afectan al empleo, los salarios y las pensiones para la reducción del sector público griego, con el propósito de ahorrar unos 2.200 millones. Concretamente, según recogían ayer diversos medios, la troika propone el despido inmediato de 25.000 funcionarios con contratos temporales (para ahorrar 1.000 millones), y el de otros 100.000 funcionarios fijos de ministerios y ayuntamientos.

Además, plantea introducir un nuevo sistema común de remuneraciones en el sector público con más recortes de sueldos y pensiones, una medida que, según estimaciones, reduciría los gastos del Estado entre un 25% y un 40%. También se fija un techo para las pensiones del sector público en los 2.500 euros, y las pensiones complementarias se recortan hasta un 50%. Los medios griegos señalaban igualmente la posibilidad de que las pensiones del próximo mes se paguen entre diez y 15 días más tarde, a la espera de que llegue el dinero de Bruselas.

Otras medidas propuestas por la troika son la suspensión de pensiones para los empleados públicos menores de 55 años, el cierre y la fusión de organismos estatales, la equiparación de los impuestos sobre el gasóleo de locomoción y el de calefacción (con lo que este subiría de los actuales 90 céntimos el litro a 1,40), y que se aceleren las privatizaciones, para ingresar unos 5.000 millones de euros este año.

Sin esperar al resultado de las negociaciones, los sindicatos griegos ya planean protestas y movilizaciones. La Asociación de los Empleados Públicos convocó una movilización en Atenas para hoy, para expresar su desacuerdo con los ajustes y los despidos en el sector público. Para mañana está convocado un paro de tres horas, a la espera de la huelga general en el sector público que se convocará el 6 de octubre.

En las movilizaciones se suman también los trabajadores en los medios de transporte urbano de Atenas. Mañana está prevista una huelga de 24 horas, lo que supone que la capital griega se quedará sin autobuses, trolebús, metro, tranvía, trenes y cercanías. Sus representantes hacen hincapié en que el personal de sus empresas ya ha sufrido una drástica reducción durante las transferencias de personal realizadas durante la reorganización de transporte urbano en Atenas.

Pese a la negociación entre la troika y el Gobierno griego, la agencia de rating Fitch señaló ayer que ve muy probable una quiebra griega, pero sin que el país salga de la zona euro, por la falta de voluntad política que siguen demostrando los líderes de la Unión Europea. Por su parte, Clemens Füst, colaborador de Wolfgang Schäuble y profesor de Economía en la Universidad de Oxford, declaró ayer que "el proceso para una quiebra coordinada en Grecia ya ha comenzado". De acuerdo con el indicador que elabora la firma proveedora de información de mercados CMA, la probabilidad de una quiebra de Grecia se situaba ayer en el 94,17%.

No sólo de la austeridad griega, ni de su ritmo, depende el final de la crisis en la zona del euro. Ayer, el Gobierno de Eslovenia sucumbió ante una moción de confianza, por lo que el país está abocado a unas elecciones legislativas que no llegarán antes de diciembre. La situación de interinidad podría retrasar todavía más la ratificación de los acuerdos de la cumbre del 21 de julio, clave para dar carpetazo a la inestabilidad.

Esos acuerdos incluyen el segundo programa de ayudas para Grecia, dotado con 109.000 millones de euros, y el refuerzo del fondo de rescate. Los acuerdos han de ser ratificados por los 17 parlamentos nacionales del euro, pero varios países han anunciado sus reticencias, entre ellos Finlandia, Austria o Eslovaquia. Con la caída del Gobierno esloveno, el voto podría retrasarse hasta después de los comicios, según algunas fuentes.