El Gobierno, a través de los servicios jurídicos del Estado, ya ha cursado en lo que va de año diez requerimientos a nueve ayuntamientos del País Vasco para que sean retiradas las placas de calles dedicadas a etarras. En concreto, esos requerimientos han sido dirigidos desde la delegación del Gobierno en el País Vasco a los ayuntamientos vizcaínos de Amorebieta, Arrigoriaga, Etxebarri y Leioa (dos a este último), y a los ayuntamientos guipuzcoanos de Astigarraga, San Sebastián, Elgeta, Hernani y Zizurkil.

Así lo ha confirmado en rueda de prensa el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, tras firmar un convenio de colaboración con el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando. Tras confirmar estas actuaciones, Fernández Bermejo ha manifestado su respeto por el auto de la Audiencia Nacional que considera que mantener una calle dedicada a un miembro de ETA no constituye un delito de enaltecimiento del terrorismo, ya que no se incurre en un 'comportamiento activo'.

No obstante, Bermejo ha asegurado que no toda respuesta del Estado de Derecho ha de producirse en el ámbito penal y que, en este sentido, el servicio jurídico del Estado ya está actuando de forma contundente.

En el caso del Ayuntamiento de Hernani, la respuesta al Gobierno ha sido que no tiene intención de anular el acuerdo del pleno municipal por el que se decidió mantener el nombre de un etarra en una calle de la localidad y, según el ministro, ya 'se han ejercitado las acciones correspondientes y hay un contencioso en marcha'.

En cualquier caso, el pasado 5 de junio agentes de la Ertzaintza retiraban por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska la placa de un parque de dicha localidad que recordaba al etarra José Manuel Aristimuño.

Por el contrario, el Ayuntamiento de Zizurkil sí ha aprobado cambiar los nombres de dos plazas de la localidad que estaban dedicadas a dos etarras. El resto de los consistorios aún no han dado una respuesta al Ejecutivo, ya que no se ha cumplido el plazo establecido para comunicar su decisión, aunque el titular de Justicia ha insistido en que se ejercitarán en el ámbito contencioso-administrativo las acciones correspondientes para que los rótulos de calles dedicadas a etarras sean retirados.

Respecto a los supuestos en los que la Audiencia Nacional ha declarado que no hay materia penal, Bermejo ha asegurado que el servicio jurídico del Estado 'está recabando' toda la información necesaria para requerir a esos ayuntamientos en la misma dirección y, en su caso, si no se accede al requerimiento, impugnar esa decisión.

'El Estado de Derecho afortunadamente tiene respuestas suficientes, y desde el área contencioso-administrativa' se está actuando con contundencia, concluyó el ministro.