"El Gobierno sabe que las preferentes son un fraude generalizado"

Manuel Pardos parece albergar toda una enciclopedia financiera en la cabeza. Recuerda datos con frescura, responde de modo afable a las preguntas, se explaya en los comentarios, se indigna con aquello que cree injusto. Lleva muchos años de lucha desde que en 1988 surgiera la primera asociación de defensa de los usuarios de banca en Aragón para dos años después exportar el modelo a escala nacional y crear Adicae. 

Su comparecencia, ayer martes en el Congreso, y a puerta cerrada, en la subcomisión  sobre transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, no atrajo la expectación de Rodrigo Rato, Miguel Ángel Fernández Ordóñez o Elena Salgado, los primeros espadas que en julio ofrecieron a los diputados explicaciones –siempre autoexculpatorias– del desastre del sistema bancario. Sin embargo, Pardos habló, y mucho, de un tema que los responsables de las entidades rescatadas intentaron soslayar: el laberinto de las participaciones preferentes en el que decenas de miles de personas han quedado atrapadas y para las que el Gobierno aprobó el pasado viernes una solución ruinosa obligado por Bruselas: los tenedores de esos títulos de entidades rescatadas deberán canjearlas a precio de mercado más una prima máxima de un 10%.

Ni siquiera resulta fácil definir qué son las preferentes: son valores emitidos por una sociedad que no otorga derechos políticos al inversor (es decir, no le da participación ni derecho de voto), que tienen un carácter perpetuo, son poco líquidos y cuya rentabilidad, habitualmente variable, no está de ningún modo garantizada. En suma, son instrumentos muy complejos y de riesgo elevado, como se ha encargado de recalcar en varias ocasiones la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Durante años, su comercialización no supuso mayores problemas, hasta que con el estallido de la crisis, los bancos, ávidos de capital, sedujeron a miles de ahorradores –en muchas ocasiones analfabetos– sin advertirles del peligro que entrañaba su compra y de que podían perder su dinero si se depreciaba el valor, como así ha sido. 

Actualicemos los números. ¿Cuántas personas han caído en la trampa de las preferentes, según los cálculos de su organización, Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros)?

"No se puede echar la legislación contra las víctimas de un fraude"

Estimamos que más de un millón de familias, a las que hay que sumar unos 200.000 que contrataron deuda subordinada [valores de renta fija que venden las entidades a cambio de una rentabilidad mayor que otros activos de deuda. Pero en caso de quiebra, primero cobran los acreedores ordinarios y, si después queda remanente, los que tengan estos títulos]. Y si sumamos otros productos de renta fija llegamos al millón y medio de afectados. Estamos hablando de 45.000 millones atrapados, casi la mitad del importe máximo del rescate europeo de la banca española. Hablamos de una operación de capitalización fraudulenta. Si nos ceñimos a las entidades nacionalizadas, son en torno a 4.500-5.000 millones de euros de preferentes en vigor.

¿Cómo se ha llegado a este desastre, y de estas proporciones?

Esto comienza en 1999 y se explica por la desregulación del sistema financiero y la permisividad del supervisor [el Banco de España] y los reguladores. Estalla la burbuja y la comercialización extensiva cuando ya era ilegal la venta de productos de alto riesgo a minoristas no cualificados, porque ya estaba en vigor la MiFID. 

[La MiFID es la directiva sobre mercados de instrumentos financieros aprobada por la Unión Europea en 2004 e incorporada a la legislación española desde 2007. Con ello se impone un duro régimen de transparencia e información a las entidades bancarias y una comprobación de la identidad del ahorrador que quiere invertir en productos de riesgo]. 

¿Por qué juzgan "insatisfactoria" la solución aprobada por el Gobierno para los dueños de preferentes?

Es absolutamente inaceptable. En la legislación europea, con la MiFID, se consideró que esos productos como las preferentes eran sólo para profesionales. La MiFID prohíbe que se comercialicen como se comercializaron aquí en España, sin dar información al ahorrador de los riesgos que entrañaba su contratación y de su alta complejidad. En otros países no se produjo este fraude. Por tanto, no se puede echar la legislación contra las víctimas de un fraude. 

El Gobierno, al solicitar el rescate de la banca, tuvo que firmar el pasado julio un memorando de entendimiento (MoU) con estrictas condiciones, entre las que figuraba que los tenedores de instrumentos híbridos de capital (preferentes) y de deuda subordinada debían aceptar una quita, asumir pérdidas. ¿Actuó el Ejecutivo de forma cobarde? ¿No supo negociar?

"El Ejecutivo debió poner a las autoridades de la UE ante la legalidad vigente"

Este real decreto ley de reforma financiera que aprobó el Gobierno el viernes pasado tendrá algunas cosas positivas, pero desde luego sabía que esa resolución que da sobre las preferentes no puede aplicarse. Sabe que es un fraude generalizado, aunque no haya empleado tal vez esas palabras. El Gobierno lo habrá intentado, aunque la capacidad de maniobra era limitada. 

Entonces, ¿qué podría haber hecho?

Poner a las autoridades europeas ante la legalidad vigente, que se reconozca el fraude masivo. El 90% de los que contrataron preferentes fueron engañados. La gran mayoría eran pequeños inversores. 

Le insisto. ¿Ha buscado el Gobierno de Mariano Rajoy la solución más digna para esos miles de afectados?

Es verdad que ha estado atado. Al Gobierno le ha preocupado la alarma social creada y el carácter masivo del problemo. Y que acabara explotando coincidiendo con la oleada de recortes. Y le ha preocupado cómo salvar el sistema financiero. No podemos valorar y hacer juicios de intenciones. Sólo podemos valorar sus palabras. Y habrá que esperar también a las auditorías de la banca que se conocerán este mes. 

¿Y qué palabras recibió ayer de los diputados del PP en la subcomisión del Congreso?

El PP ha estado dialogante, abierto. Con un deseo de mejorar la imagen del sistema financiero, porque es verdad que es pésima. Pero no ha sido objeto de debate el real decreto ley en concreto. Sí bullía la necesidad de buscar soluciones entre los grupos a este problema, y he visto a los grupos de la oposición dispuestos a dar la batalla en este tema. Nosotros estamos dispuestos a hablar. Podemos buscar una salida.

¿Considera entonces al anterior Ejecutivo responsable? Rajoy culpó directamente del problema a José Luis Rodríguez Zapatero el pasado domingo en Soutomaior.

"No creo responsable al Gobierno anterior, sino a los órganos supervisores"

No, no considero al anterior Gobierno responsable, sino a los organismos supervisores. Era un problema estructural del sistema financiero. Y a otro Gobierno le habría pasado lo mismo. 

¿Qué quita deberán asumir los afectados?

Un mínimo de un 50%, pero puede alcanzar o superar el 70%. Y eso es injusto e impugnable. Los tribunales no pueden aceptar eso, no pueden aceptar la quita con la excusa del rescate. Además, que el Ejecutivo ponga límites a las reclamaciones y demandas, diciendo que los afectados "no podrán iniciar ningún otro procedimiento de reclamación de cantidad", es una barbaridad. No puede quitar ese derecho. 

¿Qué solución propone Adicae?

Proponemos una solución global institucional, por supuesto sin que comporte ninguna quita. Queremos un reconocimiento de la comercialización fraudulenta, la devolución íntegra de los ahorros o la negociación de su mantenimiento en la banca. No queremos hundir a la banca, pero el perfil del inversor de preferentes es tan contrario a la ley que debería ofrecerse la restitución inmediata del dinero o el canje por un producto garantizado a un plazo corto, por el depósito de toda la vida. 

¿Cuáles serán sus siguientes pasos?

"El perfil del inversor es tan contrario a la ley que debe dársele la restitución de su dinero"

Vamos a presentar una batería de demandas en juzgados civiles de toda España de usuarios afectados por el fraude de las preferentes, más las acciones penales ante la Audiencia Nacional contra las entidades nacionalizadas.

Ayer dijo que Adicae se planteaba acudir a los tribunales europeos...

Sí, estamos estudiando la forma de impugnación ante el Tribunal de Justicia de la UE de Luxemburgo, porque es una violación de la MiFID, porque hablamos de un caso único en Europa. Llegaremos hasta donde haga falta.