El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció este lunes que la intención del Gobierno es rebajar de 100 a 30 días el 'periodo de gracia' con el que cuentan los parados para rechazar cursos de formación u ofertas de empleo una vez inscritos en los servicios públicos de empleo.

'No parece razonable, si queremos en un futuro ir a potenciar las políticas activas de empleo, que haya periodos largos en los que una persona no tenga que aceptar una oferta de trabajo si se produce', declaró el ministro.

Corbacho, en declaraciones a la SER, afirmó que esos 30 días parecen un periodo 'razonable para que el parado se resitúe' después de perder su empleo y empiece a participar en cursos de formación e itinerarios y aceptar las ofertas de empleo realizadas por el antiguo Inem.

El ministro también considera 'razonable' que a una persona que no acepte ni formación, ni itinerarios ni ofertas laborales se le niegue la prestación por desempleo. 'Es razonable que en estos supuestos sea incompatible la prestación', dijo Corbacho, que recordó que, aunque estos casos ya pueden darse con la legislación actual, existen 'lagunas' que el Gobierno quiere precisar.

Celestino Corbacho: 'El Gobierno no está culpando del paro a los parados'

Corbacho, que confió en recibir el respaldo de otros Grupos a esta iniciativa, afirmó que, con todo esto, 'sería un error sacar la conclusión' de que el Gobierno está culpando del problema del paro a los parados, por no querer trabajar. 'El problema es que hay una crisis tremenda, que ha echado del mercado laboral a más de 2,5 millones de personas', precisó.

'Lo que pasa es que España tiene un problema endémico. Desde 1980, la tasa de desempleo ha sido excesivamente alta. No podemos estar con tasas de paro que son el doble de la UE. Eso quiere decir que, de cara al futuro, las políticas activas tienen que ir ocupando un espacio mayor', aseguró el ministro.

Corbacho insistió en que los desempleados 'tienen que reciclarse' y, para ello, consideró que los servicios públicos de empleo y en un futuro las agencias privadas de colocación, deben tener un papel 'mucho más activo'.

En cuanto a la aparición de nuevas enmiendas en el Senado a la reforma laboral que pretenden modificar la definición de las causas objetivas del despido que salió del Congreso, Corbacho confió en que no salgan adelante, pues dijo que el Gobierno 'se siente cómodo' con la redacción que se pactó en la Cámara Baja.

Un juez determinará si se cumplen las causas alegadas por la empresa para el despido

'Es un tema que ha dado muchas vueltas, pero finalmente se ha encontrado un punto de equilibrio, que al Gobierno le gustaría que no tuviera más modificaciones', explicó el ministro, que recordó que, según lo acordado en el Congreso, las empresas podrán acogerse a despidos objetivos cuando demuestren que, por una situación sobrevenida, necesitan ajustar plantilla, sin perderse la tutela judicial, pues deberá ser el juez el que determine si se cumplen las causas alegadas por las empresas.

Respecto a la postura del PP ante el debate en el Senado el próximo miércoles de la reforma laboral, Corbacho consideró que la posición de los 'populares' no estará en función del texto, sino 'de lo que le pueda interesar desde el punto de vista táctico-olítico'.

Preguntado por los cambios introducidos en la prórroga de los 426 euros (han quedado excluidos de esta ayuda los parados de entre 30 y 45 años que no tengan cargas familiares), Corbacho indicó que, ahora que se empiezan a percibir mejoras, era el momento de reorientar esta ayuda.

El Gobierno estudiará a partir de septiembre la continuidad de esta prestación

El titular de Trabajo aseguró que, en línea con lo dictado por una resolución del Congreso, se ha hecho un reajuste para que los beneficiarios de los 426 euros sean dos de los colectivos más castigados por el desempleo (mayores de 45 años y menores de 30 años), así como los parados de entre 30 y 45 años con cargas familiares.

Corbacho recordó que su Ministerio hará un estudio en profundidad a partir de septiembre de esta ayuda y de las políticas de acompañaiento para ver por dónde tienen que caminar en el futuro. 'Yo sería más partidario de que cualquier renta de esta naturaleza dejara de ser una renta pasiva para que pudiera ser una renta de acompañamiento para que la persona, mientras la percibe, tenga que hacer alguna actividad y esa actividad la complemente con formación', apuntó.