El Gobierno niega que vaya a acelerar la jubilación a los 67 años

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha afirmado este martes que no existe el compromiso por parte del Gobierno de acelerar la entrada en vigor de la edad de jubilación a los 67 años antes de 2027, como contempla la reforma de las pensiones aprobada en 2011.

Durante la rueda de prensa para analizar los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social en agosto, Burgos ha subrayado que no se ha producido compromiso "ni debate alguno" al respecto, y ha precisado que, fruto de la recomendación de la Comisión Europea, el compromiso ha sido el incrementar la edad efectiva de jubilación y que para eso "hay otros mecanismos". En este sentido, ha citado el limitar el uso de las jubilaciones anticipada y parcial o estimular alargar la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación.

Según Burgos, ante la Comisión del Pacto de Toledo, el Gobierno ha adquirido tres compromisos, que son presentar "en las próximas semanas" un estudio sobre el proceso de integración de los empleados de hogar y evaluar su repercusión en el sistema y otro sobre medidas para conseguir un retraso efectivo de la edad de jubilación. En el tercer informe versará sobre la definición del factor de sostenibilidad que obliga a partir de 2027 a revisar el modelo de pensiones cada cinco años para adecuarlo a la esperanza de vida.

El Gobierno remitirá al Pacto de Toledo un informe sobre el llamado "factor de sostenibilidad" que vincula el modelo de pensiones a la esperanza de vida

El secretario de Estado también se ha referido al Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones) y ha reiterado que el objetivo es cumplir con los compromisos en materia de pensiones usando todos los elementos de gestión a su alcance y que dicho fondo es un elemento más. Lo que sí se ha utilizado este ejercicio es el Fondo de prevención y rehabilitación después de que el pasado 25 de mayo se acordara habilitar sus activos financieros y el 4 y 24 de julio dos resoluciones que autorizaban su uso efectivo.

En este sentido, ha dicho que la resolución del 4 de julio autorizaba dos partidas de 1.700 millones cada una y la del 24, dos de 500 millones, de forma que en la actualidad queda algo más de 400 millones de euros y que sigue creciendo por el excedente de las mutuas.

Coste de la desviación del IPC

Burgos se ha mostrado preocupado por la repercusión que tendría en las cuentas de la Seguridad Social una posible subida de los precios por el pago de las pensiones, pero ha subrayado que el sistema "está preparado" para asumir desviaciones del IPC. "Nos preocupa pero nos ocupa", ha añadido, ya que cada décima de hipotética desviación "supone 200 millones de euros y un sobrreesfuerzo pero entra dentro de lo habitual en el sistema" que, según ha dicho, "se enfrenta a una proyección de inflación que se ve corregida sistemáticamente con el paso de los meses".