El embajador español en Panamá, Jesús Silva, ha subrayado este lunes que el Gobierno de Mariano Rajoy no aportará 'en ningún caso' fondos para reanudar las obras de ampliación del Canal de Panamá y ha dicho que su papel se limita a una labor de 'mediación' para que las dos partes acerquen posturas.

'El Gobierno español no es parte. Es un problema entre un contratista y su cliente', ha explicado Silva en declaraciones a los periodistas antes de iniciar una 'jornada de contactos' para 'escuchar a todas las partes'. Las reuniones incluirán a representantes del consorcio adjudicatario de las obras —liderado por la española Sacyr—, de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y del Ejecutivo, incluido el presidente Ricardo Martinelli.

'Es un problema entre un contratista y su cliente', reconoce Jesús Silva Silva ha explicado que su labor, así como la de la ministra de Fomento, Ana Pastor, es la de 'mediar' para que vuelva a existir un 'diálogo', según declaraciones recogidas por la emisora Radio Panamá. 'En ningún caso se contempla que el Gobierno español aporte fondos', ha apostillado.

El representante diplomático español ha querido desmarcar la decisión de Sacyr y del resto de firmas que componen el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) de situaciones empresariales concretas. En este sentido, ha insistido en que 'no es un problema de situación financiera de la empresa (Sacyr)', sino 'de diálogo'.

'Hay posibilidades de retomar las obras', opina el embajador en Panamá

El embajador ha destacado que España ha reaccionado de forma 'muy rápida' a la polémica en torno a las obras, enviando al país centroamericano a un representante de 'alto nivel' como la ministra de Fomento. Silva ha recordado que 'Panamá es un país amigo'. A la luz de los contactos mantenidos y de las posturas manifestadas por las distintas partes, Silva ha afirmado que 'hay posibilidades de que se retomen las obras', sobre las que pesa una amenaza de suspensión por los supuestos sobrecostes. No obstante, ha descartado que las autoridades españolas estén investigando las condiciones por las que Panamá adjudicó el concurso de las obras de ampliación del Canal.

Por otro lado, los títulos de Sacyr se disparaban un 7,8% en Bolsa tras varios días de pérdidas después de conocerse que la constructora abandonaba el proyecto de construcción del Canal de Panamá debido a los sobrecostes. A las 16.30 horas, las acciones de la compañía se intercambiaban a 3,458 euros.

Los inversores están a la espera de conocer las conclusiones del viaje que ha realizado la ministra de Fomento, Ana Pastor, a Panamá para entrevistarse con el presidente del país, Ricardo Martinelli, con el fin de buscar una solución al problema.

El Tribunal de Cuentas ve deficiencias en el aval público por 160 millones que se concedió a Sacyr para llevar a cabo las obras del Canal de Panamá, según consta en un informe de fiscalización de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). El documento, que no cita a la constructora por su nombre, concluye que debió haberse aprobado una orden ministerial que 'amparase' las peculiaridades de esta operación.

'Resulta destacable la falta de iniciativa alguna por parte de Cesce orientada a solicitar al Ministerio de Economía y Hacienda la aprobación, mediante Orden Ministerial, de la normativa que amparase las peculiaridades de la operación analizada', señala.

El informe hace referencia a dos pólizas por las que Cesce cobró una prima de 16,4 millones de euros. 'La primera de ellas se suscribió sin someterse en todos sus aspectos significativos a lo previsto en las condiciones generales para esta modalidad de seguro y para la segunda se aceptó su cobertura, a pesar de las reservas manifestadas por los servicios técnicos de la entidad, con el objeto de evitar un empeoramiento del riesgo asumido anteriormente', apunta.

En cuanto a la segunda póliza, el documento —que ha sido adelantado este lunes por El Mundo y El País —señala que 'se ha podido constatar que las necesidades totales de aseguramiento que el exportador español requería no fueron íntegramente conocidas por la Comisión de Riesgos Cubiertos por Cuenta del Estado al tiempo de autorizarse la operación'.

En este sentido, indica que los riesgos que eran objeto de aseguramiento inicialmente aceptados por Cesce 'solo resultaron ser una parte de los que finalmente hubo que cubrir, viéndose obligada ésta a aceptar la ampliación de los mismos, pese a su envergadura, para evitar, en caso contrario, la inviabilidad de la operación de exportación y las consiguientes pérdidas que se hubieran producido para todas las partes, incluida la propia Cesce como aseguradora'.

Sin embargo, el mayor problema estaba en la singularidad de la operación, que no tenía cobertura legal, ya que carecía de una orden ministerial que amparase sus peculiaridades. Tampoco consta, según el Tribunal de Cuentas, que en la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado 'se abordase de manera expresa el tema de la necesidad de apartarse parcialmente de las mencionadas condiciones generales, ni que se aprobase la operación aceptando expresamente la derogación parcial de las mismas'.