El Gobierno basa en la "alarma social" laprórroga del decreto

"La alarma social experimentada y aún viva en el conjunto de los ciudadanos impide que se pueda dar ya por superada la crisis desencadenada en los días pasados", argumenta el Gobierno para justificar la prórroga, hasta el próximo 15 de enero, del decreto de alarma establecido por el Ejecutivo el pasado 4 de diciembre para atajar la crisis de los controladores aéreos.

En su petición al Congreso, que la Cámara debatirá y votará hoy en un pleno extraordinario, el Gobierno admite que "aún hoy no se puede afirmar que el funcionamiento del sistema aeroportuario sea idéntico al de situaciones de normalidad" por lo que defiende "conveniente y necesario" solicitar al Parlamento la extensión de la medida de alarma. Su implantación fue, según el escrito del Ejecutivo, que firman el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, y los titulares de Defensa, Carme Chacón, y Fomento, José Blanco, "una medida sin duda eficaz" frente a una situación de "enorme gravedad".

El Ejecutivo cree quelos usuarios temen que se repita elparón aeroportuario

Esta crisis ha generado "tal alarma social en el conjunto de la ciudadanía" que hace temer "que hechos similares puedan reproducirse de inmediato".

El Ejecutivo señala que el motín aeroportuario protagonizado por los controladores ha alterado el sistema de forma tan "radical" que su normalización "está exigiendo y exigirá todavía durante semanas un esfuerzo considerable". De esta forma, según argumenta el Gobierno, la ampliación del estado de alarma vigente desde hace dos semanas permitirá "asegurar la normalidad en el funcionamiento del tráfico aéreo, mantener la seguridad jurídica en la prestación de un servicio público esencial y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente su libertad de circulación".

La justificación facilitada por el Gobierno a todos los grupos de la Cámara acota el ámbito de aplicación del decreto, una vez prorrogado, al "estrictamente imprescindible para recuperar la normalidad": los servicios de control de tráfico aéreo y los controladores que desempeñan esta función.

Argumenta que el anterior decreto fue "una medida sin duda eficaz"

Estos argumentos constituirán hoy la médula de la defensa de la prórroga que realizará ante el pleno del Congreso el titular de la Presidencia, Ramón Jáuregui, en ausencia del jefe del Ejecutivo, que asiste, junto al resto de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en el Consejo Europeo que se celebra mañana en Bruselas.

El Gobierno cuenta previsiblemente con apoyo más que suficiente para sacar adelante la prórroga, habida cuenta del respaldo adelantado ya por CiU y el PNV. Coalición Canaria también aportará dos votos favorables. Su líder, Paulino Rivero, se mostró ayer "rotundamente" a favor de la medida.

El PP mantiene sus reservas y pide información adicional

La izquierda minoritaria, ERC, IU-ICV, el BNG y Nafarroa Bai, considera abusivo el decreto y se pronunciará en contra. Sólo el PP mantiene ocultas sus cartas. Fuentes del Ejecutivo apuestan por su abstención, aunque los conservadores no se han pronunciado.

El PP mantiene una triple consigna ante este conflicto: denuncia la "incapacidad" del Gobierno, critica la ausencia de Zapatero en el pleno y acusa al Ejecutivo de no haberles facilitado suficiente información sobre esta crisis.

Para abundar en esta estrategia, el Grupo Popular solicitó ayer "con carácter urgente" al presidente del Congreso una larga batería de documentación antes del comienzo del pleno, fijado para las doce y media. Así, el PP solicita "cuantos informes jurídicos hayan sido recabados por el Consejo de Ministros o cualquiera de los departamentos ministeriales para fundamentar la alarma".

Los conservadores piden a José Bono que recopile en apenas 24 horas las actuaciones de la Fiscalía General del Estado y los ministerios de Fomento y Trabajo en relación con este conflicto, y un informe sobre el "grado de cumplimiento" del decreto de alarma por parte de los controladores.

El PP unió a esta maniobra las críticas reiteradas por dos de sus principales portavoces. Su responsable de comunicación, Esteban González Pons, denunció que, a su juicio, "no hay un paso más allá" del 15 de enero por parte del Gobierno. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, pidió a Rodríguez Zapatero que "dé la cara" y una explicación que, según señaló, "es absolutamente indispensable".