Gobierno, autonomías y ayuntamientos ponen tasas "por necesidades de recaudación"

Un estudio presentado este miércoles en Madrid asegura que la administración central, las autonómicas y las municipales en varias ocasiones fijan las tasas públicas sin tener en cuenta el principio de eficacia y sin que estas tasas correspondan realmente al coste de los servicios prestados.

El informe Análisis de costes para fijar las tasas públicas:obligación legal y objetivo de transparencia y concienciación ciudadana sostiene que el criterio para fijar las tasas públicas ha sido "más la simple vinculación al IPC que a una revisión a fondo del coste de los servicios, y defiende la necesidad de homogeneizar los criterios que fijan estas tasas, que cada administración establece de manera diferente, sin descartar que puedan producirse fraudes.

"Conozco casos de tasas que se fijan por necesidad de recaudación", defiende el presidente de Transparencia Internacional España , Jesús Lizcano. "Si es necesario, te reconstruyen la cascada de costes como ellos quieren, sin problema", asegura.

En la presentación del estudio elaborado por el Registro General de Expertos Contables también han participado el presidente de este organismo, Oriol Amat, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich y Sara Arguello, miembro del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas.

Para Pich "cualquier ciudadano debería poder ver desde un ordenador los costes de los servicios públicos

Durante el acto, el presidente del Consejo General de Economistas ha afirmado que "a veces aparecen tasas en forma de globo sonda, y si el público lo admite se siguen implantando otras"."Por ley, el importe de la tasa no puede superar el coste de la prestación del servicio, pero esto no siempre se corresponde con la realidad", asegura, abogando por una mejora de la transparencia de las administraciones públicas a la hora de cobrar por determinados servicios.

Dicho de otro modo, el presidente del Consejo General de Economistas pide que "cualquier ciudadano pueda ver desde un ordenador los costes de los servicios públicos", una medida que considera "difícil" de instaurar, y en la que ha recibido el respaldo de Lizcano: "Hay que publicar los costes de todos los servicios para que los ciudadanos sepan lo que están pagando", ha asegurado.

En esta línea, el presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, defiende la necesidad de "elaborar estudios de contabilidad analítica y de calcular los costes para saber lo que cuestan las cosas en todas las organizaciones -públicas o privadas- para generar eficiencia, conseguir eficacia a la hora de cumplir objetivos económicos y generar transparencia". 

El presidente del Registro de Expertos Contables, Oriol Amart, recuerda que "las administraciones están obligadas a estudiar los costes de este servicio antes de fijar una tasa", pero el resto de ponentes ha recordado que a menudo este requisito no se cumple, recalcando la necesidad de crear un catálogo de tasas a nivel autonómico y central,ya que este listado ya existe a nivel local.

Barcelona y Madrid cobran la mitad de las tasas que les permite la ley

Sara Arguello recuerda que, a pesar de que la legislación permite a los ayuntamientos el establecimiento de hasta 46 tasas, Barcelona y Madrid cobran 19 y 20 respectivamente, aunque reconoce que en ocasiones el Estado, las autonomías y los consistorios pueden cobrar las tasas que consideren oportunas por servicios que se solapan.

Wert justifica la subida de tasas diciendo que no cubren los costes, pero "no hay estudios que los justifiquen" según Lizcano  Para Lizcano, uno de los medios para conseguir la eficiencia en esta materia sería la disolución de cerca de 7.000 de los más de 8.000 ayuntamientos de nuestro país "para rebajarlo hasta 1.200. Sería suficiente y estaríamos en la media de Europa, evitando el despilfarro y las duplicidades", defiende.

El presidente de Transparencia Internacional también ha criticado las subidas de tasas de las universidades públicas emprendidas por Wert con la excusa de que aún así no se cubre el coste real que conlleva la educación del alumno para el Estado, "cuando en las universidades no hay estudios que justifiquen los costes para explicar una subida de tasas", afirma. "Los costes son más altos que las tasas, pero siempre tiene que haber una justificación", sostiene.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas ha justificado el recurso al copago, "un tema político que tiene cabida en determinados servicios, pero para justificarlo es necesaria la transparencia, porque siempre es bueno justificar los costes". 

"El copago ha venido para quedarse, y tiene efectos muy buenos para que seamos conscientes del precio de las cosas, pero no siempre es aplicable", defiende Pich.