El Gobierno asegura que la reforma educativa "se va a aprobar este mes"

El Ejecutivo, que tenía previsto aprobar en el Consejo de Ministros de este viernes la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), ha reconocido que la pospone porque faltan "observaciones" que hacerle, por ejemplo, introducir la financiación de fondos europeos, por ejemplo, para fortalecer la Formación Profesional.

Sin embargo, la vicepresidenta no ha querido dar la razón en momento alguno a quienes el jueves se manifestaron en toda España contra la llamada ley Wert, en alusión al ministro de Educación. Por ello, Sáenz de Santamaría aseguró que "los pilares de la ley se mantienen y están cerrados a nivel de Gobierno", aunque queda la tramitación parlamentaria, matizó, en donde el grupo del Gobierno tiene previsto el diálogo y análisis minucioso de las alegaciones que hagan el resto de partidos.

Con todo, la portavoz del Ejecutivo ha esgrimido como argumento de que la Lomce es una ley "imprescindible y necesaria" porque "nadie" de quienes se oponen a ella ha dado "un solo argumento" por que la ley educativa anterior "no deba ser reformada". "Respetamos las opiniones y movilizaciones", ha asegurado la número dos del Gobierno, pero "Pisa nos saca los colores cada vez que publica un informe" y "lo que no funciona, hay que cambiarlo". "No salimos bien en ningún índice medianamente importante", ha concluido.

Sáenz de Santamaría ha insistido en que la ley se "ha hablado, dialogado y escuchado las alegaciones de todos los colectivos", por lo que el Gobierno rechaza que no haya habido consulta y debate. La vicepresidenta se ha referido al informe del Consejo de Estado (págs. 35 a 47), en donde se recogen todos los sectores de la comunidad educativa que, según el Ejecutivo, han participado en conformar el texto de la Lomce.

A lo largo de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha afrontado varias preguntas sobre la Lomce, como en relación al modo en que la norma abordará la enseñanza en castellano en Catalunya. Sáenz de Santamaría ha reiterado que el objetivo es consolidar "un sistema que garantice la libertad de educación y la libertad de los padres para elegir" la lengua en que se escolariza a su hijos, garantía que tienen la "obligación" de proporcionar todas las administraciones.

"Lo que va a garantizar el Gobierno es la libertad que establece la Constitución y que ha reconocido el Tribunal Constitucional para que se pueda elegir esa lengua y lo conseguimos con los mecanismos pertinentes que permitan que se logre el objetivo esencial, que es que el ciudadano, el padre, el alumno, reciba la educación en la lengua que ha decidido", ha asegurado, para añadir que "la obligación" de la "administración educativa a quien corresponde la gestión es la de atender a una obligación primera, que es la libertad de los padres".

Asimismo, ha recordado que "el castellano es la lengua oficial del Estado por lo que dice la Constitución Española y las comunidades autónomas tienen, en su caso, su lengua cooficial, que regula su Estatuto de autonomía". "Creo que que hay que respetar el Estatuto de cada uno en el marco de las competencias que tiene cada uno y las instituciones autonómicas siempre y cuando respeten la Constitución, y en esas estamos", ha añadido.

"Es un tema de la ley que es de gran interés para algunos pero que es un elemento de la ley y la ley, es una ley de cambio de modelo educativo, de calidad de educación en todos los ámbitos y que afecta al conjunto del territorio nacional y en este punto, lo que queremos trabajar [...] es que que haya garantías de que lo que dice la Constitución y ha interpretado el Tribunal Constitucional se cumple", ha añadido.

Por otra parte, sobre la falta de consenso en torno al anteproyecto que denuncian los sindicatos, padres y alumnos que este jueves fueron a la huelga y a manifestaciones en una treintena de ciudades de todo el país, la vicepresidenta ha afirmado que la ley "ha sido discutida, hablada, comentada, consensuada y se han hecho alegaciones e informes de un buen número de instituciones", como refleja el informe del Consejo de Estado.

Los manifestantes también pedían la dimisión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, a quien la vicepresidenta ha agradecido su labor. "Tiene encomendada una de las tareas más importantes de este Gobierno y está dedicado a ella en cuerpo y alma. Lo está haciendo con un análisis muy concienzudo de cómo está el modelo y cómo hay que abordarlo y yo quiero agradecerle esa tarea que está haciendo. No es fácil hacer un cambio de modelo en este momento y hay que hacerlo", ha señalado.

 

 

A.P.V.