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El Gobierno aprueba un plan de alquiler social sin disponer de viviendas

Los inmuebles que se pretende arrendar están aún en manos de la banca. Las medidas urgentes para frenar los desahucios dejan en el aire la reforma de la Ley Hipotecaria que pide toda la oposición.

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La vicepresidenta y el ministro de Economía han anunciado esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo del Ministros la “creación urgente de un Fondo Social de Viviendas, con un parque de viviendas destinadas al alquiler con precios bajos para personas que han perdido su vivienda”. Sin embargo, y tal y como ha confirmado posteriormente Luis de Guindos, la bolsa de pisos que conforma este Fondo se nutrirá de inmuebles que están en manos de la banca debido a ejecuciones por impago, por lo que algunas han pasado ya al Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB).

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Estas primeras condiciones, además, deberán confluir en algún punto con otro paquete de ellas que enumera el Gobierno en una escueta referencia del Consejo de Ministros de hoy: “Ser familias numerosas conforme a la definición en la legislación vigente, constituir una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo,  ser familias con algún menor de tres años, tener a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral, ser deudores en paro y sin prestación por desempleo, constituir unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral, o estar en algunos supuestos de violencia de género”. La medida del Gobierno no aclara todavía en qué condiciones el deudor que cumpla los requisitos para la moratoria de dos años retomaría la hipoteca, aunque las fuentes consultadas las dejan en manos de los bancos y su adhesión a un Código de Buenas Prácticas reforzado.

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