La gestión privada avanza en los canales autonómicos

El Gobierno de Mariano Rajoy ha abierto la puerta a la gestión privada de los canales autonómicos mediante un anteproyecto de modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Esta reforma permitirá a las autonomías decidir cómo gestionar sus cadenas así como externalizar los informativos.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual prohíbe a los entes que presten el servicio público de comunicación audiovisual "ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos y de aquellos que expresamente determinen los mandatos marco que para cada ente se aprueben en desarrollo del marco competencial correspondiente". De igual forma, les obliga a impulsar la producción propia de su programación, "de forma que esta abarque la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas". El anteproyecto elimina estos párrafos y abre el camino para un cambio en el panorama de los canales autonómicos.

El Govern balear argumenta que se salta la ley por motivos económicos

Enrique Laucirica, secretario general de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), valora este cambio como "una oportunidad más" para la gestión de los entes y para que los gobiernos autonómicos puedan decidir. Para afrontar este variación, Laucirica recuerda que será necesario modificar algunas leyes autonómicas.

Todas las leyes sobre la creación de las 13 cadenas autonómicas españolas de Castilla- La Mancha, Andalucía, Illes Balears, País Valencià, Catalunya, Galicia, Euskadi, Canarias, Madrid, Murcia, Asturias, Aragón y Extremadura establecen que la gestión de este servicio se llevará a cabo mediante sociedades de carácter público. Además, estipulan que será cada consejo de admi-nistración el que determine el porcentaje de producción propia que deberá incluirse en la parrilla de cada cadena.

Uno de los espacios más destacados son los informativos, y sobre ellos sólo hace una mención explícita la ley de Illes Balears. En concreto, este texto afirma que la función de servicio público "comporta que los servicios informativos estén elaborados por profesionales de la información, de carácter laboral, que formen parte del personal propio del ente".

La reforma que impulsa el Gobierno abrirá nuevas vías a la privatización

Sin embargo, la cadena de esta comunidad ha externalizado parte de sus informativos desde su nacimiento, una opción por la que también han optado Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias, Murcia y Aragón.

Laucirica precisa que, aunque se encargue a terceros alguna parte de la cadena de elaboración de estos espacios, los responsables de su gestión y dirección y de marcar la línea editorial sí que forman parte de las autonómicas. Con ello, estos canales pueden colgarse el mérito de contar con producción pública, a pesar de las contribuciones externas. "Algún modo de externalización informativa ya existe en todas las emisoras del mundo. Es imposible asumir íntegramente la producción informativa", defiende el secretario general de FORTA.

No obstante, sí hay quien reconoce que no se está cumpliendo la ley. Es el caso de Illes Balears, ya que fuentes del Govern balear reconocieron a Público que, a pesar de la obligación legal sobre los informativos, han apostado por la externalización porque "la ley es muy ambiciosa". "Es cierto que no nos ajustamos a la ley, pero lo primero es lo económico", apuntaron las mismas fuentes en alusión al hecho de considerar más rentable contratar a productoras que organizar un equipo propio.

Con la reforma del Ejecutivo del PP, la participación privada podrá ser aún mayor, ya que las comunidades determinarán los modos de gestión, que puede consistir en la gestión directa, indirecta o "en diferentes instrumentos de colaboración público-privada".