La Generalitat suspende la campaña del 9-N

El Govern catalán ha decidido este martes suspender temporalmente la campaña institucional del 9-N y presentar alegaciones contra la suspensión cautelar de la consulta por parte del Tribunal Constitucional, aunque el conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha asegurado que "la partida continúa".

Tras la suspensión cautelar acordada ayer por el Tribunal Constitucional (TC) de la ley de consultas y del decreto de convocatoria del 9-N , el Govern ha adoptado medidas para que los preparativos de la consulta, entre ellos la campaña institucional, no acaben perjudicando a funcionario o ciudadano alguno. Pero Homs ha querido dejar claro que el Govern "no pliega velas" y tiene la confianza de que el Constitucional acepte la petición de la Generalitat y levante la suspensión antes del 9 de noviembre, actuando con la misma "velocidad supersónica" con la que procedió ayer.

Además, ha dicho que el Govern cuenta con la suma de la "unidad política" y de la "movilización ciudadana", que se expresará esta tarde con concentraciones en las plazas de los ayuntamientos de Catalunya. "Estamos en un contexto en el que nada se ha terminado; hay una situación procesal que no se pasa por alto pero la pretensión es continuar y haremos las cosas cumpliendo los compromisos adquiridos y ajustados al derecho", ha afirmado Homs en rueda de prensa.

Con el punto de mira fijado en el 9-N, el conseller ha descartado elecciones anticipadas y ha explicado que, en cuestión de "dos o tres" días, el presidente catalán se verá de forma "bilateral o conjuntamente" con los líderes de las fuerzas proconsulta (CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP) para analizar la situación.

El conseller ha informado de que el Govern, a petición del presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha decidido tomar las medidas que se derivan de la decisión del TC para garantizar la "seguridad jurídica" en la actividad de los funcionarios públicos, lo que incluye la suspensión "temporal y cautelar" de la campaña institucional del 9-N. Sin embargo, el conseller no ha querido entrar en el detalle de lo que se suspenderá exactamente y en qué plazos (la web informativa específica de la consulta continúa activa) porque, según ha dicho, se tienen que ver las afectaciones en el funcionariado caso por caso.

Pero, según el portavoz, "no sería honesto cargar en la espalda" de los ciudadanos ni poner en riesgo su seguridad jurídica por una cuestión que compete al ámbito de los políticos. Homs ha descartado que haya habido discrepancias entre los miembros del Govern en la reunión del Ejecutivo, porque al fin y al cabo, ha indicado, se han adoptado las medidas adecuadas con lo que se desprende del fallo del TC.

En todo caso, el conseller ha descartado que se dé "marcha atrás" para celebrar la consulta, pese a que pueda haber un "ritmo diferente", porque el Govern no trabaja "con otras hipótesis" que la de que el TC levantará la suspensión y se celebrará el referendo el 9 de noviembre. "Algunos ya querrían haber liquidado la partida, estamos en un contexto de suspensión cautelar, no se ha anulado nada. La partida no está acabada, todo lo contrario", ha añadido Homs, que ha calificado de "operación de Estado de interés político" las decisiones del Consejo de Ministros y del pleno del TC extraordinarios de ayer.

En cuanto a las alegaciones, el Govern presentará "en cuestión de horas" una primera parte, referida a la petición del levantamiento de la suspensión cautelar del decreto de convocatoria, mientras que las relativas al fondo de la ley de consultas y el decreto se presentarán en "muy pocos días", ha avanzado el portavoz.

El conseller ha dicho que las medidas temporales y cautelares del Govern como consecuencia de la decisión del TC no deben generar "desilusión" en la ciudadanía: "Una desilusión sería que nos olvidemos del compromiso y los mandatos que tenemos", ha subrayado. Además de la adopción de medidas cautelares y de la presentación de alegaciones ante el TC, el Govern ha acordado promover "las iniciativas legales, políticas, institucionales orientadas a garantizar el proceso para que la ciudadanía de Cataluña pueda ejercer el derecho a decidir."

El Govern también ha manifestado que se pone a disposición del Parlament, que también presentará alegaciones, para llevar a cabo "cualquier actuación que considere oportuna".