El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, ha manifestado este jueves que cumplir la sentencia que anula el expediente de regulación de empleo en Radiotelevisión Valenciana costaría 228 millones hasta final de legislatura, con los que se pueden construir 57 colegios y 60 centros de salud.

Císcar se ha pronunciado así en la Comisión de Economía de Les Corts, donde ha comparecido para informar de los presupuestos de su departamento, las Consellerias de Presidencia y Agricultura, para 2014, si bien las intervenciones de los portavoces de la oposición se han centrado en el cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV).

La oposición ha cuestionado que Císcar no haya dimitido todavía como 'responsable político' de la situación de RTVV, le ha instado a negociar para que no se cierre la cadena pública e incluso Esquerra Unida le ha llamado 'asesino de RTVV en grado de tentativa' y ha anunciado acciones penales para exigir responsabilidades.

El vicepresidente ha remitido a su comparecencia en Les Corts la semana que viene para hablar de las consecuencias de la sentencia 'e incluso de responsabilidades, por qué no', pero ha considerado que debía hablar de su presupuesto 'por respeto' a los agricultores, pescadores y ganaderos. No obstante, ha indicado que el coste de readmitir a 1.600 trabajadores de RTVV sería de 114 millones de euros (74 millones en nóminas y 40 en gastos de funcionamiento), cuando el presupuesto del año que viene de RTVV es de 61,4 millones.

Antes, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, había evitado señalar los culpables de la situación que ha abocado al cierre a la televisión autonómica valenciana, pero si ha asegurado que 'lo que debe hacer la administración es replantearse que está para otras cosas que es garantizar los servicios básicos'.

Fabra, en una entrevista en la COPE, ha recordado que el ente tiene 24 años de vida y ha reconocido que 'todos habremos tenido parte de culpa' y ha recordado que 'no es la única televisión autonómica que se encuentra en este situación'. Ha insistido en que la situación de la televisión autonómica tras la declaración de nulidad del expediente de regulación de empleo es 'inasumible' y ha dicho de manera rotunda que 'no había otra solución' diferente al cierre.

'La administración sufre una situación complicada con unos presupuestos austeros y por eso hicimos un planteamiento de lo que queríamos que fuese la televisión', ha explicado Fabra. Ha recordado que la sentencia del Tribunal Superior hace retrotraer a la situación de hace tres años que 'es inasumible si se quiere seguir ajustando para mantener los servicios de sanidad, educación y servicios sociales'.