La Fiscalía tildó la querella de "fraudulenta", al Gobierno le incomoda y la Administración Obama no la quiere. Pero el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón parece dispuesto a abrir una causa explosiva, dirigida contra el equipo legal de George W. Bush, que redefinió el concepto de tortura para emplearla en la "guerra contra el terrorismo", y que afectaría también a su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.

En una providencia fechada el 11 de agosto y entregada a la vuelta de vacaciones, Garzón no sólo mantiene vivo el caso, sino que deja entrever sus intenciones de abrirlo formalmente: acepta tres nuevas acusaciones particulares y desoye a la Fiscalía, que sostiene que antes de abordarse el asunto en Madrid debería acudirse a los tribunales enWashington.

Tres ex presos de Guantánamo se suman a la querella española

De la providencia se desprende también que Garzón apremia a EEUU para que conteste la comisión rogatoria planteada y aporte información sobre las eventuales acciones emprendidas allí. No se conforma con el silencio: según subraya en el escrito, solicitó por vez primera dicha información a las autoridades estadounidenses el 15 de junio y, al no obtener respuesta, envió un segundo escrito el 11 de agosto.

Querella contra los 'creadores' de Guantánamo

Fuentes judiciales explican que el Departamento de Justicia de EEUU todavía no ha contestado a la comisión rogatoria, lo cual no es esencial para que se abra la causa.

La querella contra los arquitectos del andamiaje legal que llevó a la creación de Guantánamo fue presentada inicialmente por la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España, organización que también estaba detrás de la querella contra Israel por los abusos en Gaza que tantos quebraderos de cabeza originó al Gobierno. A raíz de esa querella, que finalmente fue enterrada por el pleno de la Audiencia, los grandes partidos pactaron limitar la aplicación de la jurisdicción universal, reforma pendiente sólo de la ratificación del Senado y que no podrá aplicarseretroactivamente.

Ahora, Garzón ha aceptado también las peticiones de la Asociación Libre de Abogados, la Asociación Pro Derechos Humanos de España e Izquierda Unida, a los que solicita que aporte las imputaciones concretas para que puedan ejercer también la acusación popular.

Pulso con la Fiscalía

La providencia de Garzón es una nueva muestra del pulso que mantiene con la Fiscalía, que desde el principio se opuso a la iniciativa. El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, llegó a calificarla en público de "fraudulenta". A la petición de la Fiscalía de que antes de abrir el caso en Madrid se acuda a los tribunales estadounidenses, Garzón contesta en los siguientes términos: "En cuanto al punto solicitado por el Ministerio Fiscal acerca de la acreditación del ejercicio de la acción ante los que denomina tribunales preferentes, no se considera necesario dado que dicho trámite se está cumpliendo a través de las comisiones rogatorias".

Expertos avalan el caso pese a que Washington investigará las torturas de la CIA

El juez, que deja claro así que no comparte la terminología de "tribunales preferentes" en un caso de jurisdicción universal que afecta también a un caso previo en España la célula española de AlQaeda, solicita además la traducción de un informe del abogado estadounidense William Pepper, en el que aporta argumentos jurídicos en favor de que se abra una causa en España. "El dictamen de parte [el informe Pepper] además valdría para cumplimentar lo solicitado por el Ministerio Fiscal", concluye Garzón.

Tres ex prisioneros de Guantánamo Jamiel Abdul Latif al Banna, Omar Deghayes y Sami Al Laithi fueron aceptados también como acusación particular a lo largo de junio y los promotores de la causa, que también los representa, esperan que se sumarán a ella otras personas que han pasado por el penal de la base estadounidense en Cuba.

Decenas de juristas europeos y estadounidenses se han ofrecido a los querellantes para colaborar. Y expertos en ley internacional, como el británico Philippe Sands, así como las organizaciones de derechos humanos, coinciden en que la reciente decisión del fiscal general de EEUU, Eric Holder, de nombrar a un investigador para las torturas de la CIA no invalida la querella en España, que apoyan por completo.