Garoña conocía las peticiones del CSN desde el año 2006

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) confirmó ayer que ha recomendado al Gobierno la renovación por otros 10 años de la central burgalesa de Santa María de Garoña, 66 horas después de que la noticia se filtrara a la prensa. El organismo, juez del sector atómico en España, ha acordado por unanimidad "informar favorablemente" al Ministerio de Industria sobre la solicitud de prórroga de la central, aunque impone 15 condiciones , como la instalación de un nuevo sistema de tratamiento de gases radiactivos en caso de accidente, la sustitución de kilómetros de cables del circuito eléctrico y la mejora de la protección contra incendios. Nada nuevo para la central.

En noviembre de 2006, el CSN preguntó a los responsables de la planta atómica si podrían aplicar estas mejoras hoy exigidas, para alcanzar el nivel de seguridad de los nuevos reactores de EEUU. Un año después, la central confirmó su capacidad para adaptarse y, sin esperar al veredicto del CSN, adelantó las inversiones para comenzar a ejecutar los cambios.

"Las mejoras requeridas por el CSN en su dictamen técnico forman parte del contenido de los estudios y de las propuestas presentadas por Nuclenor en su momento", reconoció ayer en un comunicado la propietaria de la central, Nuclenor, participada al 50% por Endesa e Iberdrola.

En su informe, el CSN exige a la central que instale el nuevo sistema de tratamiento de gases radiactivos antes del arranque posterior a la parada de recarga de uranio que tendrá que llevar a cabo en 2011. Pero también esta medida está contemplada por Nuclenor. La compañía, incluso, aprobó en 2007 una inversión de 52 millones de euros para el periodo 2009-2011, con el objetivo de cumplir éste y otros requisitos. "La inmensa mayoría de las exigencias del CSN ya estaban previstas y suponen una inversión asumible", confirman fuentes de Iberdrola.

El informe del organismo regulador no es vinculante. El Gobierno tendrá que decidir antes del 5 de julio, fecha de caducidad del actual permiso de actividad de Garoña, si acepta la recomendación del Consejo y prorroga la vida de la central hasta 2019 o si la desmantela por motivos políticos.

La valoración del CSN no facilita el cerrojazo. Su presidenta, Carmen Martínez Ten, sugirió ayer que la central, inaugurada en 1971, podría funcionar, veinte años más de lo previsto. "Garoña fue construida en la década de 1960, tomando como referencia las centrales estadounidenses de Dresden 2, Monticello y Oyster Creek. Y estas centrales han visto renovados sus permisos de explotación hasta los 60 años", explicó Martínez Ten, nombrada a propuesta del PSOE. El ejemplo de Oyster Creek, abierta en 1969, es especialmente relevante. La Administración Obama concedió el 8 de abril una autorización a la planta atómica, gemela de Garoña, para funcionar por otros 20 años. Y Obama es el espejo en el que se mira José Luis Rodríguez Zapatero.

El presidente del Gobierno tendrá que mostrar hoy su posición sobre Garoña en la sesión de control en el Senado, ya que tiene sobre la mesa una pregunta sobre el tema del portavoz del PP, Pío García Escudero. Fuentes próximas a Zapatero apuntan que en su respuesta dejará claro que su intención es cumplir el programa electoral que prometía el cierre de las nucleares que agotaran su "vida útil" y sustituir gradualmente la energía nuclear por energías renovables, que son "más seguras, más limpias y menos costosas" según el programa electoral socialista de 2008. Las mismas fuentes apuntan que Zapatero se tomará su tiempo para elaborar una "respuesta razonada" al informe del CSN, pero recuerdan que "las energías renovables son la apuesta fuerte del Gobierno" para el futuro. Las citadas fuentes aseguraron que la respuesta del Gobierno al CSN tendrá en cuenta la promesa electoral del PSOE de "cerrar las centrales nucleares de forma ordenada al final de su vida útil", ponderará la seguridad de la propia central de Garoña y se asegurará de que el suministro eléctrico quede garantizado. La clave está en el concepto de "vida útil". La planta burgalesa fue construida para funcionar durante 40 años: su vida de diseño. El CSN dejó claro ayer que la vida útil de la central puede llegar hasta 2019.

Por otro lado, la presidenta del CSN negó ayer las acusaciones de haber ocultado su veredicto hasta después de las elecciones europeas. El Pleno del Consejo tomó la decisión de prorrogar la vida de la central el viernes por la tarde, pero no la comunicó hasta ayer a mediodía. "Nosotros no pusimos la fecha de las elecciones y pensamos que nuestro deber era no mezclar las funciones del CSN con el debate electoral", adujo Martínez Ten. Sin embargo, el secretario de Política Económica del PSOE, Octavio Granado, aseguró el domingo que la estrategia del CSN de esconder el informe fue "acertada" si el objetivo era "no interferir en el día electoral con una reflexión que no aporta nada".

Los habitantes del Valle de Tobalina, la comarca burgalesa en la que se ubica la central de Santa María de Garoña, respaldaron ayer en las urnas la renovación de la planta atómica. El 60% de los electores votó por el Partido Popular, cuyo líder, Mariano Rajoy, calificó la semana pasada de “disparatada” la posibilidad de que el Gobierno cierre Garoña por motivos ideológicos. El PSOE obtuvo el 28% de los votos.

El reactor nuclear –“una fábrica más”, según el alcalde de esta mancomunidad de municipios, Rafael González Mediavilla, que se presenta como “independiente bajo las siglas del PP”– es vital para la región. El impacto económico de la central supera los 30 millones de euros y da trabajo a unas 600 personas en una comarca de apenas un millar de habitantes.El castigo en las urnas al PSOE puede deberse al doble discurso de los socialistas sobre la planta burgalesa.

Ayer, el secretario federal de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán, afirmó que su partido tiene “un contrato con los electores” y su punto de partida es “que los españoles no quieren energía nuclear”.