Gallardón cobra tasas de 300 euros a las maltratadas

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha pedido este domingo al ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, que actúe "de forma inmediata" para evitar que las mujeres víctimas de malos tratos paguen tasas judiciales --de 300 euros-- para poder divorciarse de sus maltratadores, una situación que considera "muy grave".

Dichas víctimas deben pagar esas tasas judiciales cuando presenten demanda de divorcio desde el pasado 17 de diciembre, cuando entró en vigor la Ley que introdujo el nuevo impuesto y lo extendió a los ciudadanos particulares, cuando hasta ahora estaba restringido a empresas de un determinado nivel de ingresos.

El ministro Ruiz-Gallardón anunció en el Congreso de los Diputados el pasado 28 de noviembre que iba a arreglar esta situación en la nueva Ley de Justicia Gratuita, dejando exentas del pago de tasas a estas mujeres en lo referente a las demandas civiles de divorcio (los procesos en vía penal ya están exentos de tasa). Sin embargo, el retraso en la aprobación de ese proyecto, y el tiempo que exigirá su tramitación parlamentaria --varios meses--, pueden provocar que deban pagar las tasas durante cerca de medio año o más.

El anuncio de Gallardón vino precedido por la denuncia de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, la magistrada Inmaculada Montalbán, quien destacó que el cobro de las tasas a las mujeres maltratadas por divorciarse iban a suponer "un freno" a que esas mismas personas denunciasen los casos de violencia machista por la vía penal.

La dirigente socialista Elena Valenciando ha reaccionado este domingo a unas declaraciones realizadas a la cadena SER por la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, reconociendo que las mujeres maltratadas deben pagar en este momento tasas judiciales para divorciarse.

Valenciano ha recordado que Gallardón dijo, en noviembre, que las víctimas de malos tratos estarían exentas del pago de estas tasas. "Y, en consecuencia le exigimos a Gallardón que cumpla su palabra", ha indicado.

Por su parte, la diputada socialista Ángeles Álvarez ha recordado que el Gobierno ya rechazó el pasado 27 de noviembre una iniciativa parlamentaria del Grupo Socialista, en la que le pedía que declarase la exención del pago de tasas en todos los procedimientos civiles que se tramiten ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Además, ha recordado que un día después, el 28 de noviembre, el ministro de Justicia aseguró que "las víctimas de malos tratos estarán exentas por la ley de Justicia Gratuita, que en dos semanas aprobará este Gobierno".

"La cuestión es que la reforma de la Ley de Justicia gratuita ha sido aplazada y se está obligando a las víctimas de malos tratos a pagar la tasa de 300 euros, si quieren romper el vinculo matrimonial con el violento, a lo que tendrán que sumar el 0,5% sobre el valor de los bienes gananciales a liquidar u otras demandas, como la pensión compensatoria o las indemnizaciones por dedicación a la familia, por ejemplo", ha señalado Álvarez.

Ante esta situación, la parlamentaria socialista ha reclamado del Gobierno  "que articule, con carácter inmediato un sistema que impida que las reformas y la imprevisión del PP se alíen con los maltratadores frente a las mujeres".

Álvarez ha recordado la intención del PSOE de recurrir ante el Constitucional la Ley de Tasas en su conjunto, pero ha indicado que "más allá de eso, es evidente que las victimas no pueden esperar a que el Constitucional resuelva ni a que Gallardón las castigue mientras dure el trámite parlamentario de la reforma de la Ley de Justicia Gratuita".