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La Galicia bilingüe de Feijóo

Asociaciones y partidos políticos dudan de la encuesta sobre bilingüismo realizada por el nuevo Gobierno gallego

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Una pintada de un grupo político partidario de la lengua gallega en una calle de Vigo (Pontevedra). MIGUEL RIOPA

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Los resultados, divulgados la semana pasada, han desvelado lo que muchos intuían: "Las respuestas evidencian que la sociedad gallega se reafirma bilingüe", reconoció el secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo. No en vano, el 49,4% de las familias con hijos escolarizados en Primaria reclamó una enseñanza tanto en castellano como en gallego. El 46% y el 52% de padres con vástagos en Secundaria y en ciclos formativos, respectivamente, exigió la posibilidad de estudiar en ambos idiomas.

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La lectura que se extrae del sondeo, cuya elaboración ha costado más de 160.000 euros, parece no contentar a nadie. Desde las filas socialistas, el portavoz de Lengua del PSdeG, Francisco Cerviño, ha desacreditado el resultado. Considera que es reflejo del "uso sistemático de la mentira" habitual en el PP. Por eso, entiende, es más que motivo suficiente para declararla "inválida e impresentable". "El PP tiene acostumbrada a la sociedad a una sarta de mentiras", insiste, tras apelar al 11-M, el Yak-42 o el hundimiento del Prestige. "Todo el mundo sabía que Galicia es un país bilingüe y que la gente opta por el estudio de las dos lenguas", zanja rotundo.

Tampoco escatiman reproches en el BNG "por la ausencia de rigor". Los nacionalistas cuestionan la validez de una encuesta que contó con una participación del 58,7% del censo. "Casi la mitad de los padres no quisieron participar", remarcan. Su portavoz nacional, Guillerme Vázquez, asegura que la encuesta del gallego "ha sido un despropósito desde el principio y lo que comienza siendo un despropósito tiene que terminar necesariamente igual". El BNG ha mantenido en todo momento que se trataba de una consulta previamente destinada a cumplir un fin: "el de derogar el decreto del gallego y justificar aquello que no tenía justificación". Vázquez duda por ello de la validez de unas cifras que "ni siquiera tienen muy claras los que encargaron la consulta". Además, encuadra esta actuación "en el uso demagógico de la austeridad para luego encargar una encuesta a una empresa privada y gastar en ella más de 160.000 euros".

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"Credibilidad cero" le supone a Carlos Callón, presidente de la Mesa pola Normalización Lingüística el sondeo del PP. Para Callón, al no existir observadores externos "no hay ninguna garantía de que no sea una estafa". "¿Por qué no hubo ningún notario en el recuento?", se pregunta. "Lo que comenzó como un proceso tendencioso contra el gallego, con preguntas tramposas, ha desembocado en el oscurantismo y el fraude", denuncia, de ahí que no dude en calificar los resultados de "cuentas de Pinocho" por su falta de "fiabilidad.

Tampoco se cree Callón que el coste se haya limitado a los 160.000 euros que reconoce la Administración autonómica. Una estimación realizada por la asociación que preside cifró en unos 400.000 euros el coste de la consulta e insiste en que la propia Xunta presupuestó, en un primer momento, 198.000 euros para su elaboración. "Está claro que para atacar el gallego y crispar a las familias no existe austeridad", ironiza Callón.

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La crispación por la política lingüística de la Xunta a la que se refieren desde A Mesa no se limita a la mera oposición partidista. En estos meses, han proliferado en Internet plataformas y manifiestos en defensa del gallego. Uno de ellos, promovido por el profesor Antón Baamonde y el editor Manuel Bragado, y que lleva por título "Galego. Patrimonio da humanidade", recabó más de 1.300 adhesiones a los pocos días de su difusión.

Pero, los inconformistas no sólo se muestran activos en la Red. Los comités de estudiantes gallegos tampoco comulgan con la encuesta, cuya legitimidad también ponen en duda. Defienden que la determinación de los usos lingüísticos "no es competencia exclusiva de los progenitores, sino de toda la sociedad". Por ese motivo, califican la consulta de Feijóo de "engañosa" y advierten de que "no existe garantía de que los resultados no pasaran ningún filtro para hacerlos a la medida de las necesidades del Gobierno". "Esta consulta supone el primer paso en la derogación de un decreto que es la principal protección legal que el gallego tiene en los institutos", denuncian e insisten en que la Xunta "aún no ha preguntado al conjunto de la comunidad escolar ni al estudiantado" sobre su opinión acerca del uso de la lengua en las aulas. "El PP cumple con las órdenes de la derecha española más reaccionaria", critican.

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En la asociación Galicia Bilingüe, muy beligerante con el decreto del gallego, y una vez repuestos del duro varapalo que supuso la designación de Lorenzo afín al PSdeG como secretario xeral de Política Lingüística, su presidenta, Gloria Lago se muestra satisfecha con los resultados del sondeo. Para Lago, la consulta muestra que Galicia "no sintonizaba" con la política de "imposición" de la anterior Xunta. "El decreto del uso del gallego en las aulas era muy cuestionado. La sociedad defiende la libertad para elegir, sea cual sea el resultado. Defenderemos los derechos de las mayorías y de las minorías", anuncia.

Feijóo, fiel a su palabra, y dispuesto a soportar el chaparrón de críticas advierte de que "no hay marcha atrás" y de que el modelo de enseñanza será revisado.

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