Un funcionario decidirá el orden de apellidos si los padres no se ponen de acuerdo

Los Zapatero y los Rajoy pueden dormir tranquilos. El orden de los apellidos de los recién nacidos en caso de discrepancias entre sus progenitores no se decidirá, finalmente, por el lugar que ocupe en el alfabeto la letra inicial de los mismos, como había propuesto el Gobierno en su proyecto de ley de reforma del Registro Civil. La Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de ERC-IU-ICV, que se abstuvo, una enmienda transaccional que deja en manos del encargado del Registro la decisión final cuando no exista acuerdo entre los padres.

La enmienda detalla que, antes de llegar a esta situación, el funcionario dará un plazo de tres días a los padres para que superen sus discrepancias. Pasado este tiempo “sin comunicación expresa” de los padres, el encargado del registro tendrá que acordar el orden de los apellidos “atendiendo al interés superior del menor”. Para ello, tendrá libertad sobre cómo hacerlo, ya que el texto no le fija ningún criterio.

El texto acordado, que provocó ayer un intercambio de propuestas y contrapropuestas entre los representantes de PSOE y PP hasta instantes antes de la votación, debe aún ser aprobado en el Senado aunque, como recalcaron fuentes del Grupo Socialista al final de la sesión, el apoyo recabado en el Congreso asegura que superará este trámite sin problemas. Sin embargo, la medida no entrará en vigor hasta dentro de tres años, como la práctica totalidad del resto de la ley, lo que abre la posibilidad a que en este periodo el texto pueda ser modificado de nuevo, como reconoció a este diario Julio

Villarrubia, portavoz socialista en el debate.

Pese al acuerdo alcanzado, el diputado del PSOE indicó que la intención de su partido es, de hecho, conseguir que finalmente el orden de los apellidos sea fijado de “modo aleatorio” porque, en su opinión, “es el único que respeta al 100% el principio de igualdad que fija el artículo 14 de la Constitución”. No obstante, considera el acuerdo de ayer como la única manera de “resolver la cuestión” ante las fuertes discrepancias existentes entre todos los grupos durante el debate, que habían impedido en el último mes alcanzar un acuerdo. Durante este tiempo, frente a la opción del Gobierno del orden alfabético, el PP había seguido proponiendo mantener la actual de prevalencia del apellido del padre. Algo similar hizo CiU. El PNV, por su parte, defendió dar prioridad a los menos frecuentes para evitar su desaparición. ERC-IU-ICV apostó por un sorteo.

“Poco entusiasmo” del PP

El orden de los apellidos en el caso de discrepancia entre los padres se convirtió, de este modo, en el punto más controvertido de un proyecto que, en líneas generales, ha terminado recabando el aplauso de la mayoría de los grupos al permitir modernizar un texto vigente desde 1957. Sólo los representantes del PP aseguraban aún ayer que el articulado aprobado, que supone una profunda reforma del sistema de registro, les generaba “poco entusiasmo”.

Pese a ello terminaron dando su apoyo a una ley que incluye numerosas novedades. Entre ellas, la obligación de incluir en el registro a todos los bebés nacidos, aunque hayan sobrevivido menos de 24 horas fuera del útero materno, como obligaba hasta ahora el Código Civil. Esta parte de la ley será la única que entrará en vigor de modo inmediato. El resto de disposiciones tendrán que esperar tres años, como la creación de un archivo que, sin efectos jurídicos, permitirá a los padres que lo deseen inscribir con nombres y apellidos los fallecimientos prenatales siempre y cuando estos se produzcan con posterioridad a los seis meses de gestación. También figura la desaparición de los libros de familia, que serán sustituidos por los registros individuales de cada persona, en los que se recogerán todos sus datos personales.

La reforma recoge que a partir de los 16 años, y no de los 18 como hasta ahora, uno pueda cambiar su nombre y apellidos, así como una propuesta de ERC que reconoce a las víctimas de violencia de género y a sus hijos su derecho a cambiar sus apellidos.