El Ministerio de Fomento ha presentado este viernes in extremis una propuesta de convenio de acreedores para las autopistas radiales de Madrid R-3 y R-5 ante el Juzgado de lo Mercantil número 6, según informaron fuentes oficiales. De esta forma, el Departamento que dirige Ana Pastor da el primer paso para rescatar a estas y otras siete autopistas en problemas. Su plan de rescate pasa por integrarlas en una empresa pública tras refinanciar la deuda de 3.400 millones de euros que tienen con medio centenar de bancos.

El convenio de acreedores que Fomento ha presentado es el principio de acuerdo que alcanzó el pasado mes de marzo con los bancos acreedores de las vías para acometer dicha refinanciación, pero con ciertas mejoras. Así, contempla aplicar una quita del 50% del pasivo y convertir el resto en un bono a 30 años, si bien al final la rentabilidad de estos títulos será superior a la del 1% inicialmente prevista.

Según dichas fuentes, Fomento ha presentado ante el juez la propuesta de convenio a las 14.50 horas, diez minutos antes de que concluyera el plazo de prórroga establecido por ley y después de que ayer contemplara no hacerlo. Al presentar finalmente el plan, el Ministerio evita que la sociedad concesionaria de estas dos autopistas entre en liquidación. Asimismo, gana un mes más de plazo para cerrar definitivamente el acuerdo con los bancos, el mes que el Juzgado dará a partir de ahora para que los acreedores se sumen al convenio.

Además, gracias a la reforma de la Ley Concursal que el Gobierno aprobó a comienzos del pasado mes de septiembre, este convenio que Fomento ha presentado a estas dos radiales será extensible al resto de las vías en problemas, dando así el primer paso para rescatarlas en la nueva empresa nacional de autopistas. Bancos nacionales como, BBVA, Bankia , Caixabank, Sabadell y Popular han aceptado en su mayoría los términos del rescate.

 El tráfico en las autopistas de peaje españolas ha caído más de un 25% en seis años de declive económico, según los datos del Ministerio de Fomento. Pero el tráfico de las autopistas afectadas se ha desplomado cerca del 40% desde el comienzo de la crisis económica, ya que muchas de ellas tienen en paralelo autopistas libres de peaje.

Según la ley española, que data de hace 40 años, las autopistas de peaje son propiedad del Estado y las empresas las explotan en régimen de concesión. Si estas autopistas quiebran, existe la llamada RPA, por la que el Estado tiene que trasladar el impacto de los pasivos al déficit público. Grupos de infraestructuras como Ferrovial, Abertis , OHL, ACS, FCC y Acciona crearon sociedades conjuntas para pujar por concesiones públicas y construir autopistas de peaje en los años del boom económico.