La fiscalía propone coche o cárcel para delitos de tráfico

En las cárceles españolas había a finales de junio 1.146 presos por delitos contra la seguridad vial, cuando en enero de 2009 apenas eran 400 los reclusos por estas infracciones. Y la fiscalía no quiere que los centros penitenciarios se llenen de estos presos a este ritmo. Para evitarlo, propone que se decomise el arma con que se cometen estos delitos: el vehículo.

Además, perseguirá los casos de acoso vial. Es decir, esas situaciones en las que un conductor hostiga de forma reiterada a otro poniendo en riesgo su integridad. "Sabemos que son casos muy frecuentes y no vamos a consentirlo", anunció ayer el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.

"Pretendemos que el comiso se convierta en un sustitutivo de las penas de prisión", aseguró Vargas, durante la presentación del balance que hace su departamento de los últimos 12 meses. El fiscal contó cómo pretende gestionar la entrada en vigor, el próximo 23 de diciembre, de una nueva reforma del Código Penal artículo 385 bis, que permite retirar el vehículo a los infractores en aquellos supuestos en que se considere que el conductor ha establecido una "relación criminógena" con su coche. "No es una pena, sino una consecuencia accesoria, fundamentada en la peligrosidad objetiva de esa relación", explicó Vargas.

La idea de la fiscalía no es, por tanto, sustituir sin más determinadas penas por la retirada del coche, pero sí se lo planteará cuando se permita evitar el castigo más severo la cárcel atendiendo a criterios de proporcionalidad. En otros casos, sólo se utilizará como un complemento a la pena con un sentido "pedagógico".

Y es que la próxima reforma del Código Penal sólo establece que los delitos de tráfico también conlleven la pérdida de los "instrumentos" con los que se hayan ejecutado, por lo que ahora es necesario establecer las reglas para saber cuándo se ha de incautar el arma con la que ha actuado el conductor temerario.

Así, además de tener en cuenta la gravedad del delito cometido, se retirará el automóvil en función de determinadas pistas que muestren al fiscal la peligrosidad del conductor al volante. Por ello, se multiplica la posibilidad de que sean decomisados aquellos vehículos modificados para la comisión de delitos o para evitar sanciones: tacógrafos manipulados, aparatos de inhibición de radares, matrículas ilegibles...

Más allá, Vargas señaló incluso el tuneo como una práctica que podría incrementar las opciones de que un conductor delincuente se quede sin coche. El fiscal de Seguridad Vial avisó, además, de que su departamento tiene respuestas jurídicas preparadas para aquellos casos en que se usen vehículos de terceros, incluidas las "titularidades ficticias", para evitar estos decomisos. No obstante, la fiscalía quiso mostrarse sensible a la crisis económica, y anunció que se pensará dos veces la retirada del automóvil en caso de que el penado sufra penalidades o lo necesite para trabajar.

La fiscalía recomienda que los decomisos sean flexibles para adaptarse a cada caso. Por ejemplo, defiende que se realicen privaciones temporales de la utilización del automóvil o que se den garantías de un correcto uso para que le sea devuelto al infractor. También se plantea decomisos hasta que el dueño "legalice" el coche cuando lo hubiera manipulado de mala fe.

Y, por supuesto, el Ministerio Público contempla la incautación definitiva de los vehículos. Para responder a esta nueva situación, Vargas propone la creación de un fondo de coches decomisados, coordinado con la Dirección General de Tráfico (DGT). Vargas incluso defiende que se vendan los vehículos decomisados con carácter permanente para que la incautación "revierta en un servicio a la sociedad". El dinero recaudado se usaría para financiar programas de reeducación de infractores o revertiría en las asociaciones de víctimas del tráfico.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, recogerá estas ideas que ayer hizo públicas Vargas en una circular que remitirá a todas las fiscalías para que sepan cómo aplicar el nuevo artículo del Código Penal.