La Fiscalía pide al TSJ de Madrid que investigue la financiación del PP de Valencia

La Fiscalía Anticorrupción remitió este martes un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) solicitando la práctica de determinadas diligencias "a fin de esclarecer y comprobar los hechos a que se refiere el informe policial de 31 de julio" sobre las actividades de la empresa de la trama Gürtel Orange Market SL. y el sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana.

Fuentes de la Fiscalía informaron que este departamento ha decidido mover ficha tras conocer que, con fecha del lunes, el instructor del caso Gürtel en Madrid, el magistrado Antonio Pedreira, incorporó dicho informe a la causa que tramita contra el líder de la trama, el empresario Francisco Correa, y otros 63 imputados.

Este informe, de fecha 31 de julio de 2009, fue elaborado por Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y remitido tanto a la Fiscalía como al instructor Pedreira y a magistrado José Flors, que instruyó la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros cargos del PP por el asunto de los trajes. Sin embargo, el tribunal valenciano no ha iniciado ninguna investigación sobre el informe policial.

Hasta que Pedreira resolvió incorporarlo este lunes a la investigación de la Gürtel en Madrid, el informe policial sobre la presunta financiación ilegal del PP de Valencia se encontraba en "un limbo judicial" al no estar sujeto a ninguna de las instrucciones que se siguen para investigar la red corrupta del caso Gürtel.

El documento detalla la trama de financiación ilegal en Valencia, incluyendo grabaciones entre miembros de la red Gürtel y dirigentes del PP valenciano. Las escuchas, que requieren de una orden judicial, provienen de las actuaciones dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Las conversaciones del informe, que datan de diciembre de 2008 y enero y febrero de 2009, corresponden a los meses en los que Garzón investigaba la trama. En uno de sus autos, el juez ya hablaba de la necesidad de investigar los indicios de irregularidades en la financiación del Partido Popular de Valencia.