El fiscal ha pedido hoy prisión incondicional para el inspector de la Policía Nacional José Javier M.P. y el asesor legal de una asociación de burdeles, Alex G., y con fianza de 20.000 euros para otro abogado, Fernando M., acusados de extorsionar a una decena de prostíbulos.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, que investiga un supuesto caso de corrupción policial relacionado con prostíbulos, ha decidido prorrogar la detención de José Javier M.P. y de Alex G. hasta el lunes por la mañana, cuando les comunicará su decisión.

Por su parte, Fernando M. ha quedado en libertad tras declarar ante la juez, que el lunes le comunicará su situación después de que el fiscal haya pedido para él prisión con fianza de 20.000 euros.

Asimismo, el hasta hoy juez sustituto de Girona, Carlos C., también imputado, ha quedado en libertad con cargos porque la fiscalía no ha pedido ninguna medida cautelar en su contra.

Estos cuatro últimos imputados están acusados de los delitos de asociación ilícita, cohecho, extorsión y obstrucción a la justicia.

De los catorce imputados en esta causa -seis mandos o ex mandos de la Policía Nacional, cinco responsables de burdeles y tres abogados-, cuatro ya están en prisión: un ex mando policial y tres dirigentes de burdeles, mientras que otros dos -el inspector José Javier M.P. y el abogado Fernando M.- sabrán el lunes si van a la cárcel o no.

La investigación de este caso se había centrado hasta ahora en el pago de sobornos por parte de los propietarios de los dos grandes burdeles de Barcelona a mandos policiales, pero la juez abrió ayer una nueva línea al ordenar la detención de dos abogados socios de un bufete (Alex G. y Fernando M.) y la imputación de un tercero, Carlos C., acusados de cobrar altas minutas a una decena de burdeles que les contrataban al parecer forzados por José Javier M.P, que también fue arrestado ayer.

La juez también investiga si los abogados, de común acuerdo con el policía, exigían a los burdeles que les contrataran bajo la amenaza de que si no lo hacían sufrirían redadas policiales.

Según fuentes judiciales, durante el interrogatorio a Alex G. y a Fernando M. la juez se ha interesado por si extorsionaron a entre diez y doce burdeles de Barcelona, lo que los imputados han negado, al resaltar que declaran todas sus minutas a Hacienda.

José Javier M.P., que fue el primer imputado en esta causa aunque aún permanecía en libertad, ha sido una pieza fundamental a la hora de desentrañar la supuesta trama de corrupción policial.

Por su parte, Alex G. es actualmente asesor legal de la Asociación Catalana de Empresas de Clubes de Alterne (ACECA) y en el pasado había trabajado como abogado para la Policía Nacional.

Fernando M. es el actual secretario general de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (FECALON) y durante la etapa en la que el PP de Cataluña estaba dirigido por Alberto Fernández Díaz fue presidente del Comité de Garantías. Actualmente, ya no ostentaba ningún cargo en el PPC, aunque colaboró en tareas organizativas en el último congreso de la formación, celebrado el pasado año.

Carlos C., que fundó el bufete de abogados en el que trabajaban Alex G. y Fernando M., era hasta hoy juez sustituto en Girona, si bien tras ser imputado ya ha presentado su renuncia. A este acusado se le investiga por una asistencia letrada a un propietario de un burdel.

Por esta causa, la juez ha ordenado hasta el momento prisión para un ex responsable de la Ucrif de la Policía Nacional en Barcelona, Andrés O. -que ya había abandonado el cuerpo-, y para tres responsables de los burdeles más grandes de Barcelona: el propietario del Riviera, Antonio H.; el propietario del Saratoga, Raúl P., y el director de este último burdel, Carmelo S.

En cambio, han podido evitar la cárcel el comisario de la Policía Nacional Luis G. -tras pagar una fianza de 5.000 euros- y el jefe de una de las unidades de la Ucrif, Abundio N. -2.500 euros-.

Además, han quedado en libertad con cargos dos antiguos agentes de la Ucrif: el subinspector Ignacio L. -que ya ha abandonado el cuerpo-, y José María M. -actualmente destinado a Alicante-.

La juez también ha dejado en libertad con cargos a otros dueños del Saratoga, José Carlos H., y del Riviera, José V., al tiempo que ha ordenado el cierre provisional durante seis meses de ambos burdeles, situados en Castelldefels (Barcelona).