El fiscal pide hasta cinco años de cárcel en el ‘caso Yak-42’

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, pidió ayer penas de entre cuatro años y medio y cinco años de cárcel por un delito continuado de falsedad documental para los tres mandos militares responsables de la identificación errónea de 30 de los 62 miembros del Ejército que fallecieron en el accidente del avión Yakovlev-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía).

El escrito de acusación solicita cinco años de prisión para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y cuatro y medio para los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.

Para el general Navarro también solicita una multa de 100 euros al día durante 20 meses (60.000 euros) y una inhabilitación especial durante cinco años, mientras que para los otros dos mandos reclama una cuota diaria de 50 euros durante 16 meses (24.000 euros) y un periodo de inhabilitación de cuatro años. El fiscal también solicita indemnizaciones de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges o personas unidas con análoga relación de afectividad, padres e hijos de los 30 militares que fueron identificados de forma errónea, informa EP.

El pago será asumido en forma de responsabilidad civil subsidiaria por el Estado, según propone el fiscal.

El general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán quedó fuera del procedimiento por decisión de la Sala de lo Penal.

La Fiscalía detalla la relación de 30 militares a los que se les asignó una identidad arbitraria que posteriormente, según los análisis de ADN, se demostró errónea, y pide que se incorporen al juicio como prueba pericial los informes del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses.

La Comunidad de Madrid aprobó ayer la concesión de las Medallas de Plata al Mérito Ciudadano, dotadas con 30.000 euros, a los 21 militares vinculados con la región fallecidos en el accidente del Yakovlev-42, ocurrido el 26 de mayo de 2003. El vicepresidente primero y portavoz regional, Ignacio González, justificó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se haya tardado cinco años en reconocer a estos militares, diciendo que "se trata de un compromiso de la presidenta que se cumple ahora y no en 2003, cuando se produjo el accidente, porque el Gobierno de Esperanza Aguirre no tomó posesión hasta noviembre de ese mismo año", informa Efe.