El fiscal mantiene la petición de 7 años para un colaborador que recaudaba fondos para Segi

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido hoy su petición de 7 años de prisión para el presunto colaborador de ETA Miguel Gómez García porque "sabía perfectamente" que en el bar que regentaba en Vitoria se ejercía el "proselitismo" y se recaudaban fondos para la organización ilegalizada Segi.

Así lo ha manifestado la fiscal Carmen Monfort durante el juicio a García, al que acusa de un delito de colaboración terrorista porque el bar "Garraxi" que regentaba era usado como centro de reparto de propaganda de Segi y de la izquierda abertzale mediante la venta de camisetas, mecheros, pegatinas, boletos y colectas a través de huchas con el fin de recaudar fondos para financiar las actividades de la organización juvenil.

Además, el local habría servido, según la fiscal, de refugio y ocultación de prendas y material utilizados en actos de sabotaje.

La representante del Ministerio Público ha considerado "contradictoria" con la información policial la afirmación del acusado de que cuando se produjo el registro del establecimiento, en abril de 2009, él ya no era el regente del mismo.

El bar fue registrado por la Guardia Civil el 16 de abril del año pasado tras la detención de la presunta etarra Itxaso Legorburu Medinabeitia por la Gendarmería francesa en la localidad de Mézieres-en-Brenne y quien, según uno de los agentes de la Guardia Civil que ha comparecido en el juicio, era la "responsable" del local.

Dicho testigo ha asegurado además que el establecimiento "en sí era la sede social" de la organización juvenil ilegalizada y ha mostrado su opinión de que Nestor Silva, a quien el acusado cedió la titularidad del local, "está en Segi".

García ha insistido en que en abril del pasado año él ya no regentaba el negocio porque no podía compatibilizarlo con los estudios y que pasó a manos de Silva y de Jon Ligüerzana, ambos detenidos el pasado mes de noviembre junto a otra treintena de personas en una operación policial contra la organización juvenil.

No obstante, García ha señalado que él pretendió mantener el aspecto que tenía antes el bar aunque dándole un "uso social además de cultural" mediante la celebración de charlas sobre política o historia, conciertos en directo, etc.

Ha reconocido así que mantuvo colgado uno de los carteles colgados en el local sobre presos de ETA y que tenía conocimiento de huchas que familiares de éstos llevaron para recaudar fondos para los mismos, aunque ha asegurado que no sabía de la existencia ni quién pudo llevar los otros materiales incautados.

Por su parte, Ligüerzana, que ha reconocido una relación de "amistad" con el acusado, ha afirmado que García sólo iba como cliente desde que dejara la regencia del local, aunque no ha podido precisar si parte del material relacionado con Segi incautado ya estaba y se vendía allí desde antes.

Mientras, la defensa de García, que ha pedido su absolución o la pena inferior aplicable a un delito de colaboración -cinco años-, ha explicado que éste dejó el establecimiento cuando ya estaba imputado en esta causa, de ahí "las dificultades" para explicar su situación.