Este artículo se publicó hace 15 años.
El fiscal de la Corte Penal Internacional afirma que la humanidad se juega su futuro en Darfur
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, afirmó en entrevista con Efe que en Darfur no sólo está en juego la vida de millones de personas, "sino también el futuro de la humanidad".
"Si permitimos que el presidente de Sudán (Omar Hassán Al Bachir) extermine ante la vista de todo el mundo a dos millones y medio de personas, el mundo que viene va a ser un mundo duro, porque la conclusión será que matando a gente se gana poder", dijo Ocampo.
El fiscal argentino viajó esta semana a Washington y participa hoy en el "Foro de la Reconciliación", una conferencia que analiza las dinámicas de conflicto y reconciliación en distintos puntos del planeta y que se clausura esta tarde.
El fiscal aprovechó su estancia en la capital estadounidense para denunciar las atrocidades cometidas por Al Bachir y pedir a la comunidad internacional que ejerza presión para que el presidente sudanés rinda cuentas ante la Justicia.
La fiscalía de la CPI ordenó el pasado 4 de marzo el arresto de Al Bachir, al que acusa de crímenes de guerra y lesa humanidad en la región sudanesa de Darfur, epicentro de un conflicto que dura ya seis años y que se ha cobrado la vida de más de 300.000 personas.
Jartum ha anunciado que su país no entregará a Al Bachir y respondió a la orden de arresto internacional con la expulsión de más de una docena de organizaciones humanitarias de su territorio.
Ocampo recordó que hay 2,5 millones de personas que sobreviven gracias a la ayuda humanitaria y eso, dijo, "como consecuencia de que Al Bachir los atacó en sus casas y los puso en campos de desplazados".
"Y lo que hace ahora Al Bachir es bloquear la ayuda humanitaria lo que confirma su intención, como sostiene la Corte, de exterminarlos a todos", añadió.
Pese a las dificultades para que el arresto se haga efectivo, Ocampo dijo estar convencido de que el destino del líder sudanés es "enfrentar la Justicia".
"Mi corte es una corte permanente. El juicio puede esperar dos años o cinco años, estos delitos no prescriben. El problema es que mientras la orden de arresto se ejecuta, la gente está muriendo hoy en los campos de desplazados", afirmó.
Recordó que tras el final de la II Guerra Mundial el mundo dijo "nunca más" al genocidio o los crímenes masivos.
"La hora de poner nunca más a la violencia es hoy", insistió.
Destacó que Sudán está obligado, según las leyes internacionales, a ejecutar la orden de arresto en su territorio y si no lo hace el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debería de encargarse de que la detención se haga efectiva.
Afirmó que tanto Estados Unidos como la Unión Europea (UE) tienen la capacidad para impulsar el proceso.
"La UE tuvo una enorme capacidad de acción para arrestar a Radovan Karadzic y Slobodan Milosevic. Tiene que hacer lo mismo en el caso de Al Bachir", explicó.
Lamentó que en una situación dramática como la de Darfur la comunidad internacional haya dado tantas muestras de "hipocresía".
"No actuamos porque en el fondo no nos importa", aseguró, para añadir que la elección que tiene el mundo es muy clara: "Hay que elegir entre proteger a Al Bachir o proteger a sus víctimas".
"Si creemos en el futuro del mundo tenemos que optar por proteger a las víctimas, de lo contrario todos seremos víctimas", argumentó.
Para Ocampo, Sudán puede convertirse en otro capítulo de oportunidades perdidas en la historia o en el primer capítulo de una nueva historia en el que los líderes globales se unen para detener crímenes masivos.
Por lo demás, el fiscal, que lideró el famoso "Juicio de las Juntas" de 1985 en Argentina contra integrantes de las Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983, celebró que América Latina haya progresado "enormemente" en el manejo de la violencia política desde la década de los 70.
"Suramérica ha sido precursora de los juicios por violaciones masivas de derechos humanos y en ese sentido ha abierto un camino que el mundo está siguiendo", dijo Ocampo.
La Corte Penal Internacional se estableció en el año 2002 como un tribunal permanente con el fin de investigar y perseguir el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra.
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