Feijóo anula el concurso eólico pilotado por el bipartito

La Xunta de Galicia, presidida por el conservador Alberto Núñez Feijóo, anulará mañana el concurso eólico, el de mayor envergadura de la anterior legislatura del Gobierno de coalición, y ha anunciado una ley que resolverá todo lo vinculado a esta energía, que impedirá la participación pública en los parques, pero creará un canon por los aerogeneradores.

El conselleiro de Economía de la Xunta, Javier Guerra, y el responsable de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, explicaron en rueda de prensa que la decisión de revocar el concurso por el que se adjudicaron provisionalmente 2.300 megavatios se tomó porque, según informes jurídicos, el proceso presenta "tachas graves de legalidad".

Guerra informará mañana al Consello semanal del Gobierno de un anteproyecto que regulará el aprovechamiento eólico en Galicia que creará un canon eólico y un fondo de compensación ambiental, dirigido a los ayuntamientos en los que están implantados los aerogeneradores.

El concurso eólico fue resuelto el pasado 26 de diciembre, en que se repartieron entre 29 grupos empresariales 2.290 megavatios, de los que cerca del 14% quedaba en manos públicas. En este proceso se habían generado roces entre los dos socios de Gobierno, socialistas y nacionalistas, mientras que el PP prometió en la campaña electoral que anularía el proceso.

Según explicó Ángel Bernardo Tahoces, el informe de la asesoría jurídica de la Xunta observa que el decreto que convocó el concurso contiene una "tacha de legalidad directa e infranqueable" respecto a la participación pública de la Xunta en las eólicas, porque vulnera un artículo de la Constitución que proclama la libertad de empresa.

También conculca, dijo, la ley del sector eléctrico, ya que está liberalizado, por lo que es incompatible su presencia en el público, mientras también se conculca una norma según la cual se estipula que para la participación de capital público de las empresas el acuerdo debe pasar por el Consello de la Xunta, apuntó Tahoces. Otra vulneración de este decreto, señaló el responsable de Industria, se refiere a la inseguridad jurídica que crea, ya que no exige garantía de ejecución de los proyectos ni establece plazos.

Por todos estos motivos, los responsables de la Xunta insistieron en que tenían que anular el concurso, porque en caso contrario "tramitaría a sabiendas un procedimiento ilegal".

El anteproyecto de ley que verá mañana el Consello crea un canon eólico que tendrá "naturaleza ambiental" y no fiscal, y que servirá para el establecimiento de un fondo para los ayuntamientos en que haya parques instalados y que, entre otros fines, tendrá el de promover energías alternativas como el aprovechamiento de biomasa o generación de plantas energéticas en el campo.

De acuerdo con las cifras aportadas por el responsable de Industria, se prevé recaudar con el canon eólico unos 600 millones de euros en 20 años, cuando el anterior Gobierno había estimado unos 270 mediante la participación pública en los parques.