El FBI encontró ayer al multimillonario tejano Robert Allen Stanford, acusado de un fraude financiero por valor de 8.000 millones de dólares que ha afectado a varios países de América Latina y al Congreso estadounidense.

Stanford estaba en paradero desconocido desde el martes, cuando agentes de la policía federal tomaron las oficinas de sus empresas en Houston (Texas).

Fue encontrado en la zona de Fredericksburg (Virginia), en las afueras de Washington, según informó Richard Kolko, un portavoz del FBI.

La Comisión del Mercado de Valores (SEC, por su sigla en inglés) había pedido a esa agencia que le encontrara y le comunicara formalmente los cargos presentados contra él.

Stanford, de 58 años, no está bajo arresto, pues por ahora sólo se enfrenta a un proceso civil. El departamento de Justicia no ha formulado cargos criminales contra él, aunque tiene abiertas investigaciones sobre sus actividades.

Además de los delitos financieros que pudiera haber cometido, el FBI lo tiene bajo su mira por presuntamente lavar dinero del cartel del Golfo de México, según ha informado la cadena de televisión ABC, que citó a fuentes gubernamentales anónimas.

Con una fortuna personal de 2.200 millones de dólares, Stanford es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, según la revista Forbes.

Comenzó manejando las inversiones de su familia en el mercado inmobiliario de Texas, pero pronto amplió los negocios a las finanzas.

No obstante, sus operaciones tenían los pies de barro, según la SEC. Se le acusa de vender títulos a plazo fijo conocidos como certificados de depósito con unas tasas de interés "improbables y no justificadas".

Todos sus negocios en Estados Unidos están ahora congelados por orden judicial.

El multimillonario contaba con operaciones importantes en América Latina, donde el escándalo ha caído como una piedra.

Venezuela intervino hoy la filial de Stanford en su territorio para venderla, mientras que Perú y Ecuador han suspendido las operaciones de sus empresas temporalmente.

La onda expansiva también ha llegado al Congreso de EE.UU., donde los legisladores que han recibido donaciones de Stanford se han apresurado a devolverlas o darlas a organizaciones de caridad.

Stanford era conocido en los círculos de poder gracias a sus aportaciones a los cofres de los políticos, incluidos los del presidente Barack Obama, quien recibió de él 4.600 dólares.

Según el Centro de Política Responsable, una entidad independiente, las donaciones sumaron 2,4 millones de dólares desde el 2000.

Entre los mayores beneficiados están los senadores demócratas Bill Nelson, Christopher Dodd y Charles Schumer, y los republicanos Pete Sessions y John McCain, el candidato presidencial de su partido en las últimas elecciones.

Además, el Grupo Financiero Stanford se gastó 4,8 millones de dólares desde 1999 en campañas de relaciones públicas para influir a los congresistas sobre la normativa financiera y el lavado de dinero.

Eran temas que le interesaban en especial, a raíz de las investigaciones del Gobierno.

Según la cadena ABC, la policía mexicana tiene en su poder uno de los aviones de Stanford, en el que encontró cheques aparentemente vinculados con el cartel del Golfo.

La SEC tenía preparado el caso contra él hace algún tiempo, pero no tomó medidas a petición del FBI, que llevaba a cabo una operación encubierta para descubrir sus posibles vínculos con el narcotráfico, de acuerdo con la cadena.

Esta semana, el multimillonario texano ordenó la retirada de más de 170 millones de dólares, lo que precipitó la acción de la SEC, según se ha filtrado a la prensa local.

Además de sus donaciones políticas, Stanford era conocido por patrocinar torneos deportivos.

Para promover sus servicios financieros contrató al futbolista del Newcastle Michael Owen, quien aparentemente invirtió parte de sus ahorros en el Banco Internacional Stanford.

Por sus actividades, Stanford recibió numerosos reconocimientos públicos, incluido el Premio del Liderazgo Excelente del Consejo Económico Inter-Americano, una entidad que promueve los contactos políticos y empresariales en la región.

En una ceremonia en la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2006, el Consejo alabó "sus contribuciones al desarrollo económico de muchas comunidades en todo el Caribe y América Latina".