La falta de especialización debilita la ley contra la violencia machista

Domingo. 7 de la mañana. Un banco de una acera de Madrid capital. Un hombre agarra a una mujer por el cuello con violencia mientras ella llora desconsolada, en silencio, apretada contra el brazo del banco, que ya no le deja apartarse más. Quien presencia la escena, no demasiado alejada de la misma, interviene y llama a la Policía para denunciar el maltrato. Mientras llegan los agentes, consigue hablar con la mujer, que le asegura que no servirá para nada, que ya lo había denunciado en otra ocasión y nada había cambiado. En cuanto aparecen las sirenas, la víctima se pone nerviosa y, abrazada a su marido, presa del pánico y pidiendo que no se lo lleven, dice que no quiere denunciarle.

El Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la Protección de las Víctimas de Violencia de Género, aprobado en 2005, estipula que los agentes especializados en prevención deben entrevistar a los dos miembros de la pareja por separado. "Durante la tramitación del atestado [...] la Unidad Policial dispondrá lo necesario para evitar la concurrencia en el mismo espacio físico del agresor y la víctima, sus hijos y restantes miembros de la familia", cita el texto. Lejos de cumplirlo, la pareja de la historia —ante la insistencia de ella— volvió a casa con su hijo mientras los policías le espetaron a la denunciante: "Ahora la matará y usted se podía haber llevado un navajazo".

No siempre se cumple el protocolo de actuación policial en casos de violencia de machista

Durante la investigación policial, el citado protocolo obliga a "la inmediata y exhaustiva toma de declaración de la víctima y los testigos, si los hubiera". "Se verificará la existencia de intervenciones policiales y/o denuncias anteriores en relación con la víctima o el presunto agresor, así como los antecedentes de este último y posibles partes de lesiones de la víctima remitidos por los servicios médicos", añade la norma. "En ningún caso las medidas de protección pueden quedar al libre albedrío de la víctima", continúa. Pero, en esta ocasión, nada de eso se cumplió. Los agentes de esta historia ni siquiera identificaron a la pareja ni a la mujer que lo vio todo —que prefiere no identificarse a Público—. 

El año pasado el PSOE denunció un caso similar a este en el que apuntaba a una posible "negligencia" de los agentes que acudieron a intervenir en un caso de violencia machista denunciado por una vecina de una pareja de Madrid. La mujer fue asesinada cuatro horas después de que la policía abandonara el lugar, por lo que se puede deducir que los agentes no supieron identificar y prever el delito correctamente. La diputada socialista en la Comisión de Igualdad del Congreso, Ángeles Álvarez, afirma que, en ese caso, "la Polícía no hizo bien su trabajo porque no interrogó a la pareja por separado". "Hemos preguntado al Gobierno en diversas ocasiones por este caso, pero nos dicen que no tienen datos", protesta la diputada, que denuncia además la supresión de los Observatorios de Igualdad en los Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la separación de la Guardia Civil y la Policía Nacional promovida por el Gobierno de Rajoy. La portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en la Comisión de Igualdad del Congreso, Olaia Fernández Dávila, considera que el origen de este tipo de negligencias está en la "falta de especialización" de la Policía.

Pese a los defectos del sistema, el 72% de las mujeres consigue salir del maltrato y rehacer su vida Por suerte, fallos como estos son una minoría. Lejos de lo que alegan algunos, la Ley de Medidas Integrales de Protección y Prevención de la Violencia de Género no falla, ni tampoco los protocolos de prevención establecidos en centros sanitarios y en las Unidades de Atención, Prevención, Asistencia y Prevención (UPAP) de la Policía Nacional. Lo que falta, según Fernández Dávila, es formación: "La ley muestra la necesidad de que la Policía se especialice en víctimas de violencia de género porque las denunciantes no pueden sentirse intimidadas y eso a veces está fallando". Igual que los cursos de formación en el sector sanitario para detectar casos de violencia de género: "Se hizo hace años, al principio de la ley, pero ya no se está incentivando esa labor", denuncia la diputada gallega. 

Otra traba para el buen funcionamiento del proceso  en los casos de violencia machista es, para Álvarez, que a veces no hay una relación lógica entre la valoración de riesgo que hace la Policía y las medidas de protección que se otorgan a las víctimas. Un problema que se une, según la diputada socialista, a que "los jueces no recaban suficiente información para tomar decisiones documentadas". "No se escuchan las opiniones de los trabajadores en las casas de acogida porque se consideran parte y eso es una barbaridad, hay que analizar profundamente la situación de la víctima y de los menores implicados, si los hay", señala Álvarez como factor clave para que no haya "sentencias que antepongan la paternidad biológica al interés del menor".

"La atención que reciben las víctimas depende de la comisaría y del juzgado", denuncia una experta

Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas de España, sostiene también que "muchas mujeres vuelven a ser maltratadas en los juzgados". "El modelo androcéntrico del sistema político y social genera una gran violencia estructural y esa violencia también es una forma de poder", critica. Natalia Massó de Pablo, presidenta de la asociación Generando Igualdad, advierte de que después de denunciar, los riesgos para las mujeres maltratadas aumentan. "No las puedes lanzar al abismo y, a veces, el sistema las lleva de la mano al abismo". Massó de Pablo señala, además, que la atención que reciben las víctimas "depende de la comisaría y del juzgado que les toque" porque la especialización no está generalizada.

Por otro lado, fuentes de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, también han afirmado a Público que es necesario seguir impulsando la formación de "policías, guardias civiles, personal sanitario" y también de los jueces, "aunque hay que recordar que el poder judicial es independiente", apostillan. "Pero sí es cierto que las personas mejor formadas atienden mejor a las víctimas y que con una mayor coordinación entre todos los ámbitos, se evita que las víctimas tengan que peregrinar de un sitio a otro", explican.

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género: "Las personas mejor formadas atienden mejor a las víctimas"

Por ello, aunque reconociendo todo el trabajo realizado hasta el momento, dichas fuentes señalan que aún quedan varias imperfecciones por limar en este sistema, tal y como está reconocido en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por el Consejo de Ministros en julio de este año. En dicho documento, se diagnostican siete problemas dentro de la lucha contra el maltrato (como el silencio social o los grupos más vulnerables: jóvenes, mayores, mujeres del mundo rural, entre otras) y se plantean medidas para combatirlos entre 2013 y 2016. Entre ellas se encuentran algunas normas que se incluyen en la reforma del Código Penal, como tipificar el acoso como delito u ofrecer asistencia jurídica gratuita a las víctimas, independientemente de su nivel de renta. 

Pese a todo, pese al camino que queda por recorrer, y pese a los errores que a veces cometen los agentes implicados en la prevención de las mujeres que sufren maltrato, las cifras demuestran que estos defectos no se dejan ver, afortunadamente, en la mayor parte de los casos. De hecho, según la última macroencuesta del citado departamento, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 72% de las mujeres consigue salir del maltrato y rehacer su vida. En Público hemos recopilado la historia de tres víctimas que muestran sus diferentes formas de pelear por conseguirlo.

016. Teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica.