Este artículo se publicó hace 17 años.
El ex director de la CNMV dice que los clientes no se quejaban y daban conformidad a los datos de Gescartera
El antiguo director de supervisión de la CNMV Antonio Botella afirmó hoy en la Audiencia Nacional que una de las mayores dificultades para detectar el agujero patrimonial de Gescartera es que "los clientes no se quejaban" y "daban su conformidad" con los datos que aportaban sus responsables.
En su declaración como testigo, Botella aseguró que existía una operativa por parte de los responsables de Gescartera para intentar ocultar el agujero patrimonial, dando cuenta de un saldo menor de los clientes en 1998 cuando se produce una "circularización" por parte de la CNMV
Ya en 1999, cuando entra Antonio Botella a investigar las cuentas de la sociedad, Gescartera dice que tiene 12.000 millones de pesetas (77 millones de euros), repartidos entre más de 7.000 millones de pesetas en valores, efectivos y otros depósitos, además de otros 4.500 millones de euros en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) constituida en Luxemburgo.
Sin embargo, al final de período de suscripción de participaciones en esta SICAV, la CNMV descubre, a partir del HSBC, que sólo existen 1,4 millones de euros de los 27 millones que los responsables de Gescartera decían que existían en esta sociedad.
Como la "situación llegaba al límite", según Antonio Botella, la CNMV requiere a Gescartera para que estos fondos lleguen a España y los apoderados de la sociedad, Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna, entonces, deciden presentar unos certificados bancarios falsos de La Caixa sobre clientes y varios cheques, firmados por la sociedad Hari 2000 SL -del imputado Julio Rodríguez Gil- por 3.929.212.638 pesetas de los inversores.
"Teníamos dificultades igual que David Vives (el anterior supervisor que investigó a Gescartera), para separar lo blanco de lo negro", confesó Botella, quien destacó que la sociedad gestora de carteras venía cometiendo ya "irregularidades" como el mantenimiento de una cuenta global o "omnibus" o un "descuadre" de más de 4.000 millones de pesetas.
Uno de estos problemas que le llamó más la atención fue la "situación particular" del Arzobispado de Valladolid que dice haber recibido más de 1.100 millones de pesetas de Gescartera, cuando la sociedad declara que sólo había aportado unos 30 millones de pesetas.
Al igual que los anteriores supervisores -dijo Antonio Botella-, "nos encontramos con la obstrucción o demora" de Gescartera a la hora de contestar sobre el saldo que tiene de los clientes, de los que también venían respuestas "extrañas", "iguales" y con "cierta permisividad" hacia lo que decía la sociedad general de carteras.
En una primera circularización, en noviembre de 1998, Gescartera dice que existen 1.266 millones de 12 clientes, mientras que Bankinter sólo da datos de los movimientos en la cuenta de estos clientes, mientras que, posteriormente, en junio de 1999, tras los requerimientos de la CNMV, dicen que existen 11.000 millones de pesetas en total.
Sin embargo, los responsables de Gescartera consiguen paran este expediente gracias a los certificados bancarios de La Caixa, aunque, dos años después, cuando Pilar Valiente ya es presidenta de la CNMV, les dice que "revisen" a Gescartera, porque pese a haberse convertido en agencia de valores había "tenido problemas".
Por su parte la asesoría jurídica, encabezada por Sol Bourgon en sustitución de Antonio Alonso Ureba, les pide "máxima escrupulosidad" en revisar documentos.
Así, en junio de 2001, para justificar 7.000 millones de pesetas en efectivo de Gescartera, reciben un documento de Caja Madrid diciendo que existen menos de 1.000 millones en valores, otro de La Caixa por unos 4.000 millones y otro del Banco Santander por más de 2.600 millones de pesetas.
Sin embargo, constatan que el certificado del Banco Santander está falsificado y que, "por primera vez", que existe "un agujero patrimonial" en Gescartera el 13 de junio, con lo que, al día siguiente, el consejo de la CNMV presidido por Pilar Valiente decide la intervención de la agencia de valores.
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