La Unión Europea dio ayer un espaldarazo a Francia y la ley que negocia el Gobierno de Nicolas Sarkozy para castigar con cortes en la conexión a los usuarios de Internet que se descarguen contenidos sujetos a derechos de autor mediante sistemas de intercambio P2P. El Parlamento Europeo y el Consejo, la institución donde están representados los 27 gobiernos, anunciaron ayer un acuerdo político en el que se elimina la referencia a los tribunales de Justicia como los únicos que pueden ordenar cortes en la conexión a Internet.

El acuerdo, redactado de manera ambigua, sólo indica que 'las medidas que se tomen para interrumpir el acceso de los usuarios (...) deberán respetar los derechos fundamentales' y 'el derecho a un juicio por parte de un tribunal independiente e imparcial'.

Asociaciones de Internet de toda Europa consideran que el acceso a la Red es un derecho fundamental que no puede ser restringido por tribunales administrativos o incluso por las propias empresas proveedoras del servicio, tal y como pretende Francia. Denuncian que ninguna empresa debe ir más allá de ofrecer y cobrar por el servicio y protestan por el hecho de que se delegue en las compañías para vigilar los contenidos o actividades de los usuarios, que deben tener además garantizado el derecho a la privacidad.

La enmienda 138 de esta reforma, que fue aprobada por el 88% de los eurodiputados el año pasado, explicitaba que cualquier corte en la conexión debía contar con 'una decisión judicial previa', expresión que finalmente ha desaparecido del texto.

El acuerdo es 'grave' y permite a los operadores 'espiar las comunicaciones y vulnerar el derecho a la privacidad', según el presidente de la Asociación de Internautas en España, Víctor Domingo. 'De Europa nos llegan ataques a las libertades civiles y una criminalización del P2P y del intercambio de archivos', asegura Domingo, que anuncia acciones de denuncia de cara a las elecciones europeas del 7 de junio.

Herramienta 'esencial'

El texto del acuerdo, que se prevé que sea formalmente ratificado por el pleno de la Eurocámara la semana que viene, sí indica que Internet es 'esencial para la educación y el ejercicio práctico de la libertad de expresión y acceso a la información', y hace referencia a varias convenciones internacionales que recuerdan la presunción de inocencia y la publicidad de los juicios.

'El Parlamento ha ganado en el lenguaje, hemos conseguido incluir el espíritu de nuestras reivindicaciones', asegura el socialista francés Guy Bono, autor de la enmienda 138. 'Sin embargo, no queda claro que tenga que ser un juez quien ordene interrumpir la conexión', lamenta.

Francia, que había amenazado con vetar la amplia reforma de las telecomunicaciones de la que forma parte la regulación de Internet, se mostró ayer satisfecha por el acuerdo, sobre todo por el espaldarazo que supone con respecto a las expectativas del proyecto de ley impulsado por el presidente Nicolas Sarkozy. 'No vemos ningún problema para nuestra ley, que seguirá adelante', aseguró un portavoz.