La directiva de retorno, con la que la UE quiere poner fin con mano de hierro a las zonas grises legales en las que viven ocho millones de inmigrantes en Europa, superó ayer su escollo más decisivo. Sólo resta que el Consejo la apruebe en julio. El Parlamento Europeo dio su visto bueno a la postura acordada por los 27 Estados miembros, que establece criterios comunes para la expulsión y retención de inmigrantes hasta 18 meses por decisiones administrativas. Los países tienen dos años para adaptar su legislación y para iniciar la expulsión de todos los sin papeles, que no podrán regresar a la UE en cinco años.

El Parlamento no forzó una nueva negociación del texto, ya que no se aprobó ninguna de las enmiendas presentadas por el grupo socialista. Así, dio por bueno, por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones, el compromiso que los ministros de Interior de los 27 acordaron el 5 de junio.

Enmiendas rechazadas

Estas enmiendas, en palabras del socialista Javier Moreno, querían “acercar la norma a los Estados más garantistas de la Unión, como España”. Así, suavizaban algunos puntos polémicos como el plazo de retención temporal, que se reducía de los 18 meses hasta un máximo de 6. Igualmente, la Cámara rechazó fijar un máximo de 72 horas para el control judicial de la decisión administrativa de internamiento, y que también propuso la Comisión. En su lugar, la nueva directiva simplemente indica que se debe realizar tan pronto como sea posible.

Durante el debate celebrado en la Eurocámara el pasado martes, el Consejo ya advirtió a los eurodiputados que la aprobación del más mínimo cambio en el compromiso, negociado durante más de dos años y medio entre los países miembros, traería grandes consecuencias y retrasaría al menos otros tres años la aprobación de la directiva.

Protestas en vano

Los avisos de los 27 pesaron sobre los eurodiputados más que las presiones de mandatarios latinoamericanos y africanos, ONG, el Consejo de Europa y diversos colectivos, quienes solicitaron dar marcha atrás al documento. Tampoco sirvieron las llamadas del eurodiputado italiano Giusto Catania, de Izquierda Unida Unitaria, a “la dignidad del Parlamento” frente al Consejo, quien señaló que sólo quiere activar los 676 millones del Fondo Europeo para el Retorno. De hecho, los países presionaron para aprobar la nueva directiva en primera lectura y poder contar con estos fondos para expulsar a los inmigrantes.

El diputado español Willy Meyer criticó que esta es la aportación de “la Vieja Europa, la Europa de los valores” a la hambruna del siglo XXI y que va a suponer “la deportación de ocho millones de personas sin garantías”.

Sin embargo, para sus defensores, la normativa establecerá unos criterios comunes en los Estados miembros que protegerán también los derechos de los sin papeles, al darles una cobertura legal. En conversación con Público, el diputado que negoció el compromiso con el Consejo, Manfred Weber, recordó que hay Estados en los que no hay periodo máximo de detención, como sucede con siete países de la Unión (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Países Bajos, Reino Unido y Suecia). En España, el plazo máximo de detención es de 40 días.

Inmigración regular

Además, Weber avisó de que esta directiva es sólo uno de los pilares de una política global de inmigración que debe abarcar también la inmigración legal, a través de la llamada tarjeta azul, y otras iniciativas que la Comisión debe impulsar para proteger los derechos de los inmigrantes documentados. Por otra parte, los menores de edad no acompañados podrán ser repatriados siempre que en su país de origen les espere una familia o exista un centro de acogida.