Espinosa aboga por clarificar la costa para reducir el impacto del turismo

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha abogado hoy por "clarificar" el dominio público marítimo terrestre para reducir el impacto ambiental del turismo, "un sector de dimensiones espectaculares y gran consumidor del suelo", que supone el 11% del PIB nacional.

En un desayuno informativo, la ministra ha explicado que el Plan de deslinde puesto en marcha por el Gobierno en la anterior legislatura se encuentra en avanzado estado de tramitación y ha asegurado que en esta Legislatura se han realizado unas 3.000 actuaciones en la costa.

Ha subrayado que el litoral refleja el desarrollo industrial de los últimos 50 años y ha reconocido que "no es fácil buscar soluciones en un territorio de naturaleza conflictiva en la medida que están posicionados e infraestructurados sectores muy potentes para la economía, que afectan a ecosistemas muy vulnerables".

Espinosa ha señalado que en la actualidad está ya deslindado el 86 por ciento de la costa, que se ha trabajado en la solución de "numerosos problemas puntuales" de contaminación y de ocupación del litoral y que se seguirá mejorando la calidad ambiental y paisajística de la costa.

La ministra ha destacado también el programa de adquisición de fincas, que tiene como objetivo la incorporación de terrenos de elevado valor ecológico o sometidos a una gran presión urbanística, colindantes con el dominio público marítimo-terrestre, para garantizar su conservación y protección.

En el primer año de legislatura, se han dedicado más de 23 millones de euros a este fin.

La ministra ha resaltado también la implicación del Gobierno en la consolidación de una pesca responsable y sostenible y en la preservación de los ecosistemas marinos.

Para ello, durante esta legislatura se crearán cinco nuevas áreas marinas protegidas: el cabo de Creus, las isla Columbretes, mar de Alborán, canal de Menorca y banco de Galicia.

Preguntada sobre si se van a derribar los hoteles de El Algarrobico (Almería) y el Papagayo (Lanzarote), la ministra ha asegurado que se trata de dos situaciones distintas.

La instalación canaria cumple "absolutamente" la legislación y no invade el dominio público marítimo-terrestre, lo que sí ocurre con el hotel almeriense.

El Algarrobico, según la ministra, hay que derribarlo, pero hay que esperar a que se resuelvan los recursos judiciales pendientes.

Además, el informe de la Abogacía del Estado pide al Gobierno que "no gaste ni veinte, ni treinta ni cuarenta ni cien millones de euros porque a lo mejor no tiene que pagar esa indemnización".