España pide que la reforma pesquera incluya medidas de desarrollo para el sector

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, expresará hoy "la preocupación" de España por la propuesta de reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PCC) y pedirá que la misma incluya medidas de carácter socioeconómico para ofrecer oportunidades al sector.

"Nosotros vamos a dejar claro que nos preocupa lo que ha puesto encima de mesa (la comisaria europea de Pesca) María Damanaki", dijo la ministra a su llegada al Consejo de ministros de Agricultura y Pesca.

Según la ministra, "hay tres elementos esenciales" en la reforma propuesta que deben ser modificados, empezando por el "rendimiento máximo sostenible", que España quiere que se alcance en el horizonte de 2020 en lugar de para 2015, como plantea Bruselas, "porque eso afectaría muy negativamente a la flota pesquera española".

España tampoco está de acuerdo "en que en caso de ausencia de datos científicos opere el principio de precaución" y en su lugar defiende que la existencia de "informes científicos" que ofrezcan datos fiables sobre las reservas de peces.

Por último, en materia de descartes (peces que se devuelven al mar, ya muertos) según España "todavía tenemos mucho que hablar porque eso puede generar una distorsión total y puede afectar al empleo y a la realidad de la flota pesquera".

La ministra subrayó que España quiere que la sostenibilidad sea "la seña de identidad de la Política Pesquera Común", pero que la misma debe entenderse "desde el punto de vista social, económico y medioambiental".

Según Aguilar, "no puede haber un desequilibrio tal que al final estemos acabando con la pesca en lugar de ir a una reforma de la Política Pesquera Común que de verdad de oportunidades al desarrollo sostenible y al sector de la pesca para ganar el futuro".

Por otra parte, la ministra a las ayudas previstas en favor de los agricultores para compensar las pérdidas causadas por el brote de la bacteria E.coli, otro de los temas que se tratarán en la reunión de hoy,

Aguilar recordó que España ha pedido 71 millones de euros a Bruselas para compensar los daños provocados, aunque matizó no se conforma" con eso y que reclamará que de los 210 millones de euros que la Comisión Europea puso sobre la mesa para ayudar al sector una parte se destine a compensar las pérdidas causadas en otros productos.

De esa manera, en caso de que la cifra de 210 millones no se consuma en la totalidad, España quiere que compense los "daños colaterales" sobre el melón, la sandía, el melocotón y la nectarina.

La ministra subrayó que las pérdidas sobre esas frutas tienen que ser atendidas "para el resarcimiento del daño total de la crisis del pepino donde España no ha tenido ninguna responsabilidad y sin embargo se ha visto afectada y dañada".