La Constitución garantiza “la libertad ideológica, religiosa y de culto” en España, un país en el que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” (art.16). La religión católica ha detentado un monopolio heredado de los privilegios adquiridos durante el franquismo, que convirtieron España en una isla confesional en medio de la Europa laica.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, el 79,3% de los españoles se considera católico. Agnósticos y ateos suman un 16,6%. Sólo dos de cada cien personas se declaran practicantes de una religión diferente a la católica. En el Registro de Entidades Religiosas del ministerio de Justicia hay inscritas, sin embargo, 1.929 entidades no católicas. Reciben este nombre tanto iglesias como confesiones y comunidades.

El dato contrasta con el número de entidades del mismo tipo inscritas en el ministerio de Justicia bajo la etiqueta genérica del catolicismo, 12.444. Sólo en Madrid hay 1.932, tantas como las que representan a las confesiones minoritarias en toda España.

Notorio arraigo

Recientemente han obtenido carta de naturaleza religiosa la Iglesia de la Cienciología, considerada a todos los efectos una secta en países como Francia, y la religión budista, que ha obtenido la consideración de confesión “de notorio arraigo”, lo que le permitirá suscribir acuerdos de colaboración con el Gobierno, a pesar de contar sólo con 40.000 seguidores en España.

"Nuestro país corre el riesgo de caminar hacia un estado pluriconfesional”, en lugar de avanzar hasta convertirse en un estado laico, denuncia Victorino Mayoral, diputado socialista y presidente de la Fundación CIVES, una de las organizaciones que más trabaja en favor de un Estado neutral ante el hecho religioso. Mayoral considera que se está consagrando un concepto de desigualdad en la que “hay una religión de primera, la católica”, por encima del resto.

La Ley Orgánica de Libertad Religiosa, aprobada en 1980, recoge un concepto intencionadamente ambiguo. El Estado establecerá acuerdos, según recoge el texto, “con aquellas confesiones que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo”. “Es una simple autorización administrativa y arbitraria”, señala Mayoral. Protestantes y musulmanes

De esta manera, el ministerio de Justicia reconoce los derechos de las confesiones minoritarias en España. Son casi 2.000 entidades, más de la mitad protestantes, muy por encima de las musulmanas, que no llegan a las 500. Tres territorios, Cataluña, Madrid y Andalucía, tradicionales receptores de inmigración, concentran el mayor número. CIVES considera que se está realizando “una equiparación hacia arriba” entre las confesiones minoritarias y el mayoritario catolicismo. ¿Cómo se corrige la tendencia? Según apunta su presidente, la solución es mejorar la ley, no homologar a todas las confesiones con el “sistema de desigualdad” que prima a la confesión católica.

Una ley mejorada

“La actual ley permite la instrumentalización del Estado por parte de las entidades religiosas”, critica Mayoral. El texto tiene 27 años. Ha sufrido todo tipo de dilaciones en su aplicación y desarrollo. Hasta el año 1992 no se firmaron los primeros convenios con entidades no católicas pero con notable base social en España.

Quienes exigen al Gobierno mayor osadía política para construir un estado efectivamente laico, piden que la ley “garantice la libertad y la igualdad de todos en el ejercicio de sus libertades de conciencia, religión y culto”. Ése es el principio básico, un suelo legal compatible con otra aspiración: que una ley mejorada evite el catálogo de privilegios que disfruta la Iglesia católica. Una nómina de beneficios a la que aspira el resto de confesiones, por ejemplo en materia de financiación o educativa.