España empezará a destruir las bombas de racimo almacenadas en sus arsenales antes de que acabe el mes. El Consejo de Ministros aprobará, posiblemente el próximo día 18, una moratoria unilateral con la que España se compromete a destruir las bombas de racimo que tiene almacenadas y a no fabricar más. Este anuncio confirma la voluntad del Gobierno que Público ya avanzó en mayo.

La iniciativa española se adelanta a los plazos que establece el Tratado de Dublín, aprobado por unanimidad por 109 países. Éste se firmó el pasado 30 de mayo y se deberá ratificar en diciembre, poniendo punto y final al llamado Proceso de Oslo, cuyo objetivo es sumar los mismos esfuerzos para acabar con las bombas de racimo que los que se recabaron hace una década contra las minas antipersona.

En cuanto el Consejo de Ministros apruebe la moratoria, la ministra Carme Chacón, facultará al secretario de Estado de Defensa para que se aplique provisionalmente el Tratado.

Ayuda a las víctimas

Además de prohibir la fabricación de bombas de racimo y obligar a destruir las que están almacenadas, España se compromete a cumplir por adelantado la previsión del Tratado de Dublín de ayudar a las víctimas, familiares y comunidades afectadas por el efecto de esta munición.

Las bombas de racimo se caracterizan por los graves estragos que causan incluso décadas después de haberse lanzado. Son bombas que albergan en su interior pequeñas unidades que pueden quedar en el suelo o enganchadas a árboles sin llegar a explotar. La ministra definió las bombas de racimo como "una pena de muerte sin sentencia".

España nunca ha utilizado este tipo de armas, como recordó Chacón. Pero sí las ha vendido. El Gobierno se compromete ahora a destruir todos los artefactos almacenados y fabricados por las dos empresas españolas que los producen, una de ellas de titularidad pública.

Sólo en los arsenales militares se calcula que hay unas 5.000 bombas de racimo. A ello hay que sumar las que puedan almacenar las fábricas. Destruirlas conlleva un proceso complejo, que además es distinto para cada tipo de bomba. De ahí que Chacón prevea que hasta dentro de unos dos años no se habrá acabado con todas estas armas. La ministra ya ha dado la orden para que se inicien los trámites para contratar urgentemente los servicios necesarios para destruir la munición.

La ONG Greenpeace, que lleva años pidiendo acabar con las bombas de racimo, recibió con satisfacción el anuncio y felicitó al Gobierno por "responder a las demandas de la sociedad civil", según difundió en un comunicado.