Los escudos franquistas "reflejan un cambio histórico"

Los escudos franquistas no exaltan la Dictadura, sólo reflejan un "cambio histórico". Con este argumento, el máximo órgano consultivo de la Generalitat Valenciana, el Consell Jurídic Consultiu (el equivalente autonómico del Consejo de Estado), ha llegado a la conclusión de que el Ayuntamiento de Valencia no está obligado a retirar los escudos que todavía quedan en las calles de la ciudad.

Así lo asegura el Consell en un informe que se conoció ayer. El pleno de la corporación municipal pidió a este órgano consultivo su opinión el pasado mes de junio, después de que el PSOE pidiera al equipo de Gobierno que retirara los símbolos franquistas que permanecen en las calles, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Memoria Histórica. Los socialistas se refirieron a escudos situados en las puertas de tres colegios públicos y en las placas de algunas calles, así como una cruz que preside una de las principales rotondas de la ciudad.

El PSOE valenciano ha calificado el informe de ataque a la Ley de Memoria por tratarse de una "interpretación perversa"

Para llegar a la conclusión de que el Ayuntamiento valenciano no está obligado a retirar tales símbolos, el informe hace una interpretación extraordinariamente restrictiva del artículo 15 de la Ley de la Memoria, que obliga a las administraciones a retirar "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".

El Consell Jurídic niega que símbolos como el escudo sean "por sí mismos, una exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura". Esto a pesar de que, dos párrafos más arriba, el órgano consultivo valenciano reconoce que el emblema franquista expresa "valores que asumía como deseable un régimen autoritario que, por definición, parte de premisas distintas a las propias de un estado democrático".

El Consell Jurídic Consultiu está formado por seis juristas que deben ser, según la normativa, de reconocido prestigio. Tres de ellos están designados directamente por el Gobierno de la Generalitat Valenciana, y los otros tres por el Parlamento autonómico, ambas instituciones controladas por el PP.

El PSOE valenciano ha mostrado su indignación con el informe, que han calificado de ataque a la Ley de Memoria Histórica por tratarse de una "interpretación perversa", según el concejal Juan Soto. El Consell también ha sido criticado por el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, que la mentó que el Consell se haya hecho "eco" de "las tesis ultraderechistas que quienes procuramos normalizar la Memoria nos encontramos a diario en multitud de foros".