Los ministros de Finanzas de la Unión Europea acordaron esta madrugada un paquete crediticio sin precedente, que junto con el Fondo Monetario Internacional podría movilizar hasta 750.000 millones de euros, a fin de cubrir las necesidades de los socios con problemas de solvencia y defender a la moneda común.

Se trata de la mayor operación financiera de la historia, negociada de madrugada y contrarreloj, para atajar la especulación contra la deuda soberana de algunos estados miembros y frenar la caída de la divisa europea.

Entre las medidas está el refuerzo con unos 60.000 millones de euros del fondo de la Comisión Europea para los desequilibrios de la balanza de pagos. Este fondo, hasta ahora sólo utilizado en países de fuera de la zona del euro, se reformará para que cualquier miembro de la UE pueda utilizarlo si no consigue refinanciarse en los mercados.

En caso de que un miembro tuviera dificultades de pagos y esta cantidad no bastara, los estados de la eurozona se han comprometido a garantizar préstamos bilaterales por un montante de hasta 440.000 millones de euros más. 

Sin embargo, los países del euro podrían necesitar mucho más. No en vano, los líderes del Eurogrupo están convencidos de que los rumores sobre la economía española y portuguesa son "concertados y forman parte de un ataque al euro", en palabras de un alto funcionario.

Todo sumado, el paquete a disposición de los socios del euro con problemas de pagos alcanzaría, en caso necesario, 750.000 millones de euros por tres años y sujeto a las estrictas condiciones del FMI, como exigía Alemania.

El acuerdo llegó acompañado de una decisión del Banco Central Europeo (BCE) de intervenciones extraordinarias en los mercados de deuda y de divisas, para facilitar liquidez y aliviar la situación de los bancos europeos.

El objetivo del plan es parar los "comportamientos de manada de lobos" protagonizados por los especuladores en los mercados, según el ministro sueco de Finanzas, Anders Borg. "Si no detenemos a estas manadas, harán pedazos a los países más débiles", dijo. Sin embargo, los países del euro tuvieron que cambiar sus planes iniciales para vencer las reticencias del propio ministro sueco y el británico, contrarios a embarcarse en rescatar una moneda que no comparten.

"No podemos apoyar el euro, esa responsabilidad debe recaer en los miembros del Eurogrupo", zanjó el ministro británico, Alistair Darling, antes de la reunión. "Nuestros contribuyentes no están dispuestos a financiar a los griegos que se jubilan a los 40 años o a los 50", llegó a decir Borg. Ambos países participarán en el mecanismo para corregir los desequilibrios en la balanza de pagos, pero no comprometerán su dinero en otro que sirva para repeler ataques al euro.

El Banco Central Europeo celebró ayer una reunión extraordinaria de su Consejo de Gobierno. La institución, que goza por ley de independencia respecto a Bruselas y a los ministros de Economía, está también dispuesta a participar en la estabilización de la zona euro. Al cierre de esta edición, la reunión no había acabado. Su esfuerzo se concentraría en dar liquidez a la banca comercial, a través de los bancos centrales nacionales, para que estos compren deuda pública de los países en dificultades.

El euro en juego

El nerviosismo de los últimos tres días de frenéticas reuniones sólo es comparable al vivido durante la crisis financiera, en el verano de 2008. Entonces estaba en juego la supervivencia del sistema financiero ante la amenaza de un efecto dominó que tumbase, tras Lehman Brothers, a los bancos infectados por hipotecas basura. Ahora, está en peligro el propio euro. Si las convulsiones bursátiles "continúan más de un par de días, será muy, muy problemático para la recuperación", según el ministro sueco.

La crisis europea tiene en vilo al resto de potencias globales. En menos de tres días, el presidente de EEUU llamó dos veces a la canciller alemana. Barack Obama recordó ayer a Angela Merkel "la importancia de que los miembros de la UE tomen decisiones contundentes para lograr confianza en el mercado", en el mismo día en el que el FMI aprobó la primera parte del crédito de 30.000 millones de euros concedido a Grecia para, junto a la aportación de los países del euro (70.000 millones), evitar su suspensión de pagos.