ERC plantea que las constructoras del Valle de los Caídos paguen las exhumaciones

Sufragar con dinero el daño humano causado durante años. Esto es lo que propuso ayer al Gobierno el diputado de ERC Joan Tardà. El parlamentario planteó en el Congreso la posibilidad de que las empresas que construyeron el Valle de los Caídos con mano de obra republicana asuman los gastos que podrían originar las exhumaciones de las decenas de miles de represaliados por el franquismo allí enterrados.

Se lo dijo durante la sesión de control al Gobierno, al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien, en una reciente reunión con familiares de las víctimas de Franco, alertó de la imposibilidad técnica de desenterrar del valle madrileño a miles de asesinados por el régimen. "¿Cómo que técnicamente es imposible?", se preguntó el parlamentario catalán. "Más de 33.000 personas enterradas. Se puede entender que a algunos miles quizá no se les pueda exhumar, pero ¿cómo puede atreverse a decir todos?".

Tardà denuncia a las empresas que "esclavizaron" a presos republicanos

Tardà instó al ministro a hablar "claro" y a reconocer si, realmente, el Ejecutivo no impulsa las exhumaciones por un problema político o económico. Y por si fuera el segundo, el diputado emplazó al Ejecutivo a "buscar la colaboración de las empresas". Recordó que "hasta en las postrimerías del franquismo" hubo entidades "que se capitalizaron a partir del trabajo esclavo de los republicanos".

Citó a Dragados y Construcciones hoy en día integrada en ACS y a Huarte hoy parte de OHL. Incluso mostró un cartel de esta última empresa que construyó la cruz del monumento donde también está enterrado el dictador. El diputado de ERC se justificó en que "ya que estamos en la sociedad de mercado" hay que impulsar "la iniciativa y la participación de los capitales privados en el fomento de la cultura".

El Gobierno pretende que Cuelgamuros sea "un lugar de memoria reconciliada"

Además, exigió al Ejecutivo un "informe independiente" sobre la situación de los cadáveres en el valle "en el que no solamente tengan presencia los forenses, sino también los arqueólogos", para certificar realmente que es imposible desenterrar a los 33.000 fallecidos.

En su turno de respuesta, Jáuregui matizó sus palabras y aseguró que el Gobierno "hará lo posible" técnicamente, porque exhumar los restos de los represaliados "es un derecho" que el Ejecutivo "quiere respetar". Pero en la dúplica, volvió a afirmar que no se puede trabajar con las personas enterradas en el Valle de los Caídos. "El sistema de enterramientos, la manera en que fueron traídos de fosas comunes de muchos lugares de España desde 1959 hasta 1983, no nos permite manipular los restos para identificarlos sin violentar los derechos de otras personas que no quieren que se manipulen restos", recalcó Jáuregui.

Una comisión de expertos determinará cuáles son las posibilidades reales de hacerlo. Y, si no, el Gobierno impulsará la creación de un "memorial" para "honrar a quienes están allí enterrados". "Un lugar de memoria reconciliada, un lugar en el que pueda hacerse factible la imagen de un país que cerró sus heridas recordando", explicitó el ministro.

Jáuregui, por otro lado, se mostró contrario a que el Estado indemnice a las víctimas de la represión policial que haya tenido lugar a partir de la aprobación de la Ley de Amnistía, tal y como le solicitó el diputado independentista.