Un equipo del CSIC investiga una década de memoria en España

"El problema del caso español es que nunca se ha pensado que lo sucedido aquí también le pasó a muchos otros países. España ha cerrado demasiado el debate", explica el antropólogo argentino Luis Fondebrider, que comenzó exhumando desaparecidos en Argentina en la década de 1980 y ahora trabaja en Líbano, Timor o Sudáfrica. Este especialista aportará su experiencia al equipo del CSIC, coordinado por el antropólogo Francisco Ferrándiz, que analiza en el proyecto de I+D+i Políticas de la memoria, financiado por el Ministerio de Ciencia, la gestión estatal de la memoria histórica en España.

Hace una década fue identificado con ADN en León el primer desaparecido del franquismo. Fue el inicio de un boom de la memoria histórica que los sucesivos Gobiernos no han resuelto con satisfacción para todos los implicados. Las víctimas se han mirado a menudo en Lationamérica para reclamar una política estatal de exhumaciones. Sin embargo, las primeras conclusiones del equipo de Ferrándiz revelan que España ha copiado los errores que países como Chile y Argentina cometieron antes.

Fondebrider: "La reconciliación no puede ser impuesta por el Gobierno"

"La urgencia de las exhumaciones ha impedido reunir el conocimiento generado. El objetivo es dar un punto de vista académico al debate y colocar a España en el contexto internacional para compararlo con otros conflictos en Guatemala, Timor, Turquía o Bosnia", explica Ferrándiz. El equipo cuenta con especialistas en antropología, sociología, historia o política.

"Argentina fue una excepción porque comenzó las exhumaciones en 1983, al inicio de su transición. Sin embargo, la falta de un proceso judicial posterior a la búsqueda de los desaparecidos llegó a tal extremo que las Madres de la Plaza de Mayo pidieron que se paralizasen", ejemplifica el antropólogo de la Universidad de Utrecht Antonius Robben.

Robben: "Las exhumaciones deben conllevar después la justicia"

Este experto advierte del peligro de que un Estado no cumpla con una de las tres patas de la memoria: la búsqueda de la verdad, la justicia sobre los culpables y la reparación de las víctimas. En Chile, han prosperado cientos de procesos judiciales que han desembocado en suaves condenas a los militares. Por el contrario, en Argentina hay menos procesos aunque las sentencias suelen ser mucho más duras, según las tesis de Robben, experto en ambas transiciones.

"Tras conocer la verdad de lo ocurrido, las familias reclaman justicia. La reconciliación no puede ser impuesta por el Gobierno", advierte Fondebrider. "Desde mi experiencia, creo que lo que más cuesta admitir a la sociedad es que a los victimarios [los culpables de los crímenes] les gusta tu mismo vino o tu mismo equipo de fútbol. Es decir, son productos de la misma sociedad. A veces es más fácil decir que vinieron de Marte para hacer desaparecer a la gente", analiza Fondebrider.

Además de las trabas judiciales para juzgar a los culpables, los expertos aseguran que en el Cono Sur ha habido descoordinación entre la reparación personal y el duelo nacional. "En Chile hubo un acuerdo tácito para practicar las exhumaciones sin hablar públicamente de ello", recuerda Robben. Aquella incompleta política provocó, por ejemplo, que se ignoraran los informes científicos que advertían de que se estaba identificando a las víctimas de un modo poco fiable. "Gracias al impulso del Gobierno de Bachelet se han podido hacer bien las identificaciones y los cuerpos están siendo entregados durante este mes", explica Robben.

El médico forense Francisco Etxeberria cree que la única política de memoria posible es aquella que cuenta con la tutela científica promovida por una política pública. "Sólo surge la polémica cuando no se hace el proceso con profesionales", explica. "Sólo veo un peligro con la memoria histórica y es intentar utilizarla para intereses actuales", concluye.