Las empresas públicas ocultan los sueldos de sus presidentes

"Las retribuciones del gobernador del Banco de España deben ser tan públicas como las de cualquier otro servidor público". La frase la pronunció el pasado martes el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, tras la polémica suscitada por la negativa del supervisor bancario a revelar el sueldo de su máximo responsable, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por "tradición". Alonso acertó al pronosticar que el gobernador desvelaría sus emolumentos (lo hizo al día siguiente). Sin embargo, aún hay servidores públicos (si por tal definición se entiende a responsables de entidades que dependen del Estado) cuyos sueldos no se conocen.

Ninguna empresa estatal ofrece datos oficiales sobre cuánto cobra su primer ejecutivo. Aunque el peso del Estado en la economía es muy inferior al de hace 20 o 30 años, todavía hay sectores (como el ferroviario, el de aeropuertos o el postal) en el que la presencia estatal es dominante, si no la única. Eso no impide que los emolumentos de sus principales responsables escapen al escrutinio público, al menos, en las memorias disponibles (correspondientes al ejercicio 2008). A preguntas de Público, los portavoces de estas entidades han declinado proporcionar esos datos.

Fernández sí reveló su sueldo cuando presidía RTVE: 240.000 euros al año

El caso más llamativo es el de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), el hólding del que cuelga buena parte de las empresas públicas. El organismo que preside Enrique Martínez Robles, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ni siquiera informa de la retribución global de sus consejeros o altos directivos. "La ley no nos obliga", señala un portavoz, que subraya que 14 de los 17 miembros de su consejo de administración no cobran, porque además de vocales de la entidad son secretarios, subsecretarios de Estado o directores generales, y ya tienen un sueldo por esa función (no pueden tener dos a la vez). La retribución que les corresponde se ingresa en el Tesoro Público, al igual que ocurre en otras empresas comoAdif, Aena o Renfe.

La falta de datos en materia de sueldos es la norma en casi todas las empresas de la Sepi, algunas tan importantes como Efe (la primera agencia de noticias en español) o RadioTelevisión Española (RTVE).

El hólding estatal Sepi ni siquiera da cifras globales de remuneración

El de RTVE es el único caso en el que se sabe cuánto cobra su máximo responsable, aunque por voluntad propia de este. En 2008, su entonces presidente, Luis Fernández, aclaró en el Congreso (en respuesta a una pregunta parlamentaria) que su sueldo era de 240.000 euros al año y el de los consejeros, de 120.000 euros. Según fuentes próximas a la corporación, esas retribuciones, incluida la del presidente actual, Alberto Oliart, llevan congeladas desde entonces, aunque no hay datos oficiales. RTVE no publica en su web su memoria.

Entre las pocas empresas adscritas a la Sepi que revelan, de forma agregada, lo que cobran sus consejeros está la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), que explota este mineral en España. Sus vocales cobraron 333.000 euros en 2008.

Las empresas más transparentes de la órbita del hólding público son Red Eléctrica de España (REE) y Enagás, compañías cotizadas en bolsa de las que Sepi sólo es accionista (en el caso de REE, el principal, con el 20%). El presidente de Enagás, Antoni Llardén, cobró 1,6 millones en 2009 y su homólogo en REE, Luis Atienza, 789.000 euros. La transparencia en las remuneraciones de las cotizadas (donde los sueldos son muchísimo más altos que en el sector público) es un requisito legal, aunque basta con que informen de la retribución total del consejo y no están obligadas a desglosar los sueldos de sus vocales. Muchas de ellas lo publican voluntariamente. La futura Ley de Economía Sostenible, que el Gobierno espera aprobar este año, les obligará a hacerlo.

Fuera del paraguas de la Sepi, tampoco se conoce el sueldo de los presidentes de Renfe, de Adif (gestor de infraestructuras ferroviarias) y Aena (aeropuertos), adscritas al Ministerio de Fomento; pero sí la retribución global de sus consejos de administración. Los mejor pagados son los de Aena (592.000 euros en 2008), seguidos por los Adif (368.000 euros) y Renfe (365.000). Correos (también dependiente de Fomento) sólo publica la retribución agregada de su consejo y de su alta dirección: 1,4 millones en 2008.

Paradores y el Hipódromo de la Zarzuela (dos de las principales empresas de Patrimonio, que depende de Economía) no publican ningún dato en sus memorias.

Creación. Plan de ajuste

El decreto con el que se aprueba el plan de reducción del déficit público incluye la creación de un nuevo "registro de personal directivo del sector público estatal" que identificará "al personal que tenga tal condición cuando les corresponda el ejercicio de funciones ejecutivas de máximo nivel" en fundaciones, consorcios públicos y otras sociedades mercantiles estatales. Sin embargo, el contenido de ese registro no será accesible al público, según el Ministerio de Economía.

211 entidades sin recortes

El recorte salarial de hasta el 15% aprobado para los cargos directivos del sector público (incluyendo a diputados, senadores y miembros del Gobierno) no va a afectar a un buen puñado de empresas, que, pese a tener marchamo estatal, cuentan con la denominación jurídica de sociedad mercantil y, por tanto, no emplean a funcionarios (tienen sus propios convenios colectivos). Son 209 entidades, muchas de ellas inactivas o en liquidación, aunque entre ellas también están Efe, RTVE, Paradores, Navantia, Izar y el Hipódromo de la Zarzuela. Estos grupos no están obligados a aplicar el recorte, aunque "eso no significa que no vayan a tomar medidas para ahorrar costes", según fuentes de Economía.