La experiencia de Eugenio Pordomingo, un empresario que en 1997 fundó la Compañía de Productos Tropicales (CPT) en Guinea Ecuatorial, resulta muy ilustrativa de la desprotección jurídica que muchos emprendedores españoles pueden llegar a sufrir, no sólo en el extranjero, sino en España a su regreso.

La actividad de CPT era la consultoría, exportación e importación y las maderas selectivas, pero aquella aventura empresarial tan sólo duraría dos años. 'Dos años de soportar', recuerda Pordomingo, 'las continuas extorsiones sufridas', desde 'multas de medio millón de francos porque nuestra fachada estaba pintada de amarillo y las de al lado de blanco' a 'continuos acosos por parte de las Fuerzas de Seguridad de Teodoro Obiang Nguema, e incluso, detenciones, con toda la parafernalia militar y policial habitual en Guinea Ecuatorial'.

Por procedimientos atípicos, tal y como indica el empresario, y sin que hubiera justificación legal para ello, a la compañía CPT le fueron 'robados equipos y material diverso como tres camiones Mercedes, un tractor, generadores, una taller mecánico, vehículos Nissan Patrol, ...'.

Las reclamaciones en Guinea Ecuatorial (Presidente de la República, Juzgados, ministros, etc.,) no dieron resultado alguno. 'Allí un español nunca gana un juicio', indica, citando como ejemplo de inseguridad jurídica el pago por duplicado de unas tasas judiciales 'porque la primera vez el dinero se esfumó' y, en la segunda, 'hubo que ingresarlo en la cuenta corriente del juez porque los Juzgados no tenían cuenta'.

Tras el expolio, Pordomingo tomó la decisión de salir del país. Comenzaría entonces en España lo que él mismo denomina 'calvario', que aún no ha terminado. El hecho de que el propio cónsul general Julio Díaz le indicara en 2001 que 'se nos dice sistemáticamente que este Consulado no tiene competencias' en este tipo de litigios, era una premonición de lo que estaba por venir.

En esa coyuntura, de nada ha servido la existencia de acuerdos bilaterales, como el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APRI) suscrito a finales de 2003 por el que se garantiza la seguridad de las inversiones de los empresarios españoles en Guinea Ecuatorial y viceversa.

'El ministerio de Asuntos Exteriores tardó tres años en responderme' Según los términos de este acuerdo, 'éstas no serán sometidas a nacionalización, expropiación ni a cualquier otra medida de efectos similares excepto por razones de utilidad pública o interés social' y, en esos casos, con las debidas indemnizaciones. Es más, se especifica que  no se 'obstaculizará en modo alguno, mediante medidas arbitrarias o discriminatorias, la gestión, el mantenimiento, el uso, el disfrute y la venta o, en su caso, la liquidación de tales inversiones'.

Desde su llegada a España, Pordomingo ha dirigido escritos reclamando casi seis millones de euros, 'sin contar el lucro cesante',  en concepto de indemnización, a todas las Administraciones e instituciones públicas, incluso a los presidentes del Gobierno José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, sin respuesta alguna, 'ni siquiera desde los grupos parlamentarios' a los que se dirigió con un amplio dossier.

'El ministerio de Asuntos Exteriores tardó tres años en responderme y cuando lo hizo fue porque había remitido mi dossier a La Zarzuela y se lo derivaron a ellos', explica Pordomingo. Corría entonces el año 2003 (año de la firma del APRI), y desde la cartera que ostentaba entonces Ana de Palacio (PP) 'se desentendieron del asunto alegando que habían realizado todas las gestiones posibles'. Misma suerte correría su reclamación ante el Defensor del Pueblo.

La desazón del empresario ha ido agudizándose con el devenir de los años a la luz de las irregularidades de todo el proceso. 'En 2004 el presidente de la Cámara de Representantes del Pueblo de Guinea Ecuatorial [equivalente al Congreso de los Diputados] aseguraba que mi denuncia se había trasladado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia'. Jamás volvió a tenerse noticias al respecto hasta 2008, cuando de nuevo por las sucesivas reclamaciones de Pordomingo, éste supo por Exteriores que 'no consta en la Embajada antecedente alguno sobre el contencioso'. 

'Nunca nos han demostrado una sola comunicación con el Gobierno de Guinea Ecuatorial'

La indefensión que sentía el emprendedor le llevó a ampararse en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en virtud de la cual no sólo tiene derecho a  conocer el estado de la tramitación de sus procedimientos sino, además, a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. 'No conseguí nada', afirma el empresario, que explica que 'en ningún momento se nos ha podido demostrar que haya habido ni una sola comunicación con el Gobierno de Guinea Ecuatorial'.

Pordomingo está convencido de que 'el dinero de Obiang manda mucho aquí' y a ello atribuye el 'vergonzoso abandono padecido'. En su opinión, 'tan culpable es la dictadura de Guinea Ecuatorial como España. Si nuestro Gobierno no ampara a los profesionales ni a los inversores españoles, ¿entonces para qué queremos embajadas?'

En estos casi 15 años ha denunciado su situación ante la Unión Europea, llevando sus dossiers al Defensor del Pueblo europeo, a la Comisión Europea y al Parlamento, con el silencio por respuesta en la mayoría de los casos. Ahora, acaba de enviar un nuevo escrito al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 'aunque visto lo visto', concluye, 'soy más bien pesimista, pero voy a seguir luchando' e, incluso, hasta dejar caer la posibilidad de publicar un libro con todo el material reunido.