Economía cifra entre 4.000 y 15.000 las personas que han perdido su hogar por desalojo en cuatro años
La Administración señala que la gran mayoría de los 400.000 desahucios de los últimos cuatro años afectan a locales, establecimientos industriales o comerciales y segundas viviendas
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El subsecretario de Economía y coordinador del grupo de trabajo sobre desahucios, Miguel Temboury, ha cifrado entre 4.000 y 15.000 el número desahucios de primera vivienda (esto es, la vivienda habitual) cuyo acreedor es el banco, en los últimos cuatro años.
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En declaraciones a la Cadena Cope, ha precisado que las cifras ofrecidas por el Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), con unos 400.000 desahucios en los cuatro últimos años, deben ser "depuradas" ya que incluyen los vinculados a locales, viviendas, establecimientos industriales o comerciales. "Las cifras de desahucios de primera vivienda por deudas hipotecarias son mucho menores", ha señalado.
Preguntado por la implicación de los bancos en este asunto, Temboury ha afirmado que no se puede olvidar que en España existe una "cultura de pago", algo que es "muy importante y que hay que preservar". "Sólo el 3% de la cartera hipotecaria de los bancos está en curso de morosidad, es una tasa muy baja y hay que preservarlo, no se puede inducir a la cultura del impago", ha subrayado el subsecretario de Economía, quien ha afirmado que no se debe olvidar que "el que recibe un préstamo tiene que pagarlo". No obstante, ha reconocido que existen algunas cuestiones en el procedimiento de ejecución que pueden ser mejoradas. "También es verdad que ha habido tiempos que en la tasación ha habido imprudencia, pero no podemos por una reforma mal pensada inducir a que la morosidad se dispare en España", ha señalado.
Temboury ha asegurado que el PSOE proponía una reforma "muy profunda" de diversas leyes "muy trascendentales" del ordenamiento jurídico como la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley Hipotecaria, algo que, en su opinión, requiere "mucha reflexión y sosiego".
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Según ha explicado, el Gobierno ha considerado que lo que se debía abordar con urgencia eran las medidas necesarias para que las familias más vulnerables no se quedaran sin techo. "No es un parche, es un Decreto Ley con medidas de urgente necesidad, no es el vehículo más adecuado para modificar leyes importantes, esas reformas se podrán abordar durante la tramitación en el Congreso", ha afirmado.