Dos etarras, obligados por la fuerza a levantarse ante el juez

Los etarras Asier Arzalluz e Idoia Mendizabal han tenido que ser levantados por la fuerza por dos agentes de la Policía Nacional tras negarse a ponerse en pie ante el tribunal de la Audiencia Nacional que les juzga hoy por intentar asesinar en 2002 a la delegada de Antena 3 en el País Vasco.

El presidente de la sala tercera de la sala de lo penal de este tribunal, Alfonso Guevara, ha ordenado a ambos agentes que custodiaban a los acusados en el interior de la pecera blindada a alzar a los dos terroristas cuando éstos han desobedecido al magistrado al comienzo del juicio y han optado por permanecer sentados en el banquillo.

Arzalluz ha protagonizado el primer forcejeo cuando ha sido obligado a asistir a la lectura de sus derechos pegado al cristal del habitáculo mientras era sostenido por los agentes.

Posteriormente ha sido Mendizábal la que ha tenido que ser mantenida en pie por la fuerza por los policías mientras aseguraba en euskera no reconocer la legitimidad del tribunal "para juzgar a militantes vascos", por lo que, al igual que su compañero, se ha negado a declarar.

Arzalluz y Mendizábal están acusados de enviar un paquete-bomba en enero de 2002 a la delegada de Antena 3 en Vizcaya, María Luisa Guerrero, a su domicilio. El artefacto fue desactivado por personal especializado antes de que estallara.

En la vista, la propia periodista ha relatado a través de una videoconferencia que el 17 de febrero de 2002 la telefoneó su madre, que se encontraba en su casa junto a la su sobrina, de tres años, para avisarla de que había recibido un paquete.

Según ha explicado, la niña "cogió corriendo" el paquete "muy contenta" porque se trataba de "un regalito" para su tía. Pero se le "encendieron todas las alarmas" porque, como amenazada por ETA, nunca recibía correspondencia en su domicilio particular.

Cuando se disponía a alertar a la Ertzaintza, recibió una llamada de la Policía Autónoma Vasca para avisarla de que habían sido interceptados tres paquetes de la misma empresa de mensajería -uno de ellos dirigido al vicepresidente del Grupo Correo Enrique Ybarra, por el que los dos etarras ya han sido condenados a 15 años de prisión-.

Para los dos integrantes del "comando K-Olaia", el fiscal Marcelo de Azcárraga reclama veinte años de cárcel y que indemnicen a Guerrero con 100.000 euros y con 50.000 euros a su hermana y a los herederos de la madre por un delito de asesinato terrorista en grado de tentativa.