Ernest Maragall
Presidente de Nova Esquerra Catalana y exconsejero de Educació

Déjenme empezar por el afecto. A España y a los españoles. Un afecto que no tengo que justificar en Barcelona, ni tengo que demostrar en Madrid. Demasiados años, tantas personas y tantos paisajes, los orígenes familiares, las amistades entrañables. Todo me liga a ambos conceptos. Y ello no me impide, más bien me empuja, pensar y decir todo lo que sigue.

Y déjenme seguir, pues, por la conclusión a la que quisiera llegar de la mano de un razonamiento compartido, espero, con todo el que desee explorar caminos de entendimiento: para alcanzar un acuerdo estable y satisfactorio entre Catalunya y España hay que plantear una profunda revisión del modelo de estado nacido en 1978 y de la ley máxima que lo regula. Una revisión a fondo, sin condiciones previas ni dilaciones procedimentales. Se trata de una decisión política  que nace de la búsqueda sincera de respuesta a la cuestión catalana, pero también del agotamiento constatado del modelo democrático vigente y de la urgente redefinición de sus parámetros básicos: derechos, partidos, representación, instituciones... De todos ellos: desde la Jefatura del Estado al sistema electoral, desde la incorporación de los derechos civiles ganados en las últimas décadas a las nuevas exigencias de accesibilidad y participación ciudadana, desde la tímida semántica de las 'nacionalidades' al pleno reconocimiento de la 'nación' catalana.

En este contexto, la cuestión catalana tiene recorrido propio, cronológico y conceptual, como bien explicaba Enric Juliana en su Modesta España:

-Transición (1976-77))

-Recuperación de la Generalitat republicana y Constitución abierta y interpretable (1978)

—Primer Estatut d'Autonomia (1980) -café para todos (UCD-PSOE, Andalucía) y 23F, LOAPA, (1981 y siguientes)

—Eclosión del primer Estado moderno español con Felipe González(OTAN, Europa, multinacionales) y José María Aznar (Madrid, Latinoamérica, especulación, crecimiento acelerado)

—Dominio progresivo de la interpretación restrictiva de la Constitución (léanse las sucesivas sentencias del TC de los años 90)

—Segundo intento estatutario (2006, Maragall-Más-Zapatero)

—Crisis económica y efectos sociales devastadores (2008 y sigue....)

—Rechazo y humillación de la propuesta federal catalana (TC 2006-2010) con la consiguiente indignación y frustración popular (11/S 2010)

—Afirmación y socialización mayoritaria de la 'Catalunya Estado' (11/S + 25/N 2012)

¿Y ahora qué? Ahora hablar y escuchar. Sin a prioris, excepto el de empezar ya y no dejarlo hasta llegar a una propuesta plausible. Y decidir sin más demora.

La primera y fundamental decisión a tomar es muy simple y conecta directamente con la votación del pasado martes (con espectáculo cismático en las filas socialistas incluido).

¿Están dispuestas las instituciones del Estado (Cortes, Gobierno, TC, partidos) a admitir la condición subjetiva de 'nación' que una muy amplia mayoría de ciudadanos atribuye al concepto 'Catalunya'?.

Y, por lo tanto, es admisible que esa realidad histórica, social y política catalana tenga reconocimiento explícito en la nueva Constitución,  incluyendo el derecho de autodeterminación que el Estado español ha subscrito en los tratados internacionales?.

¿Es posible un acuerdo de soberanías compartidas (y limitadas por su creciente cesión a Europa) que otorgue la máxima capacidad de decisión a las instituciones catalanas en el uso de los recursos económicos y en el desarrollo de políticas propias?

En resumen, ¿puede ser Catalunya sujeto político con capacidad para decidir sobre sí misma y sobre su eventual integración o separación del Estado español? De momento la respuesta a estas preguntas es clara y casi unánime en sentido negativo desde partidos e instituciones españolas. Lo relevante de la votación en el Congreso es el rechazo explícito y coincidente a la pretensión catalana en torno a la celebración de una consulta,  desde las dos grandes formaciones políticas a derecha e izquierda. Con el añadido de la remisión al TC de la famosa y desafiante  'Declaración de Soberanía' adoptada por el Parlamento catalán. Lo interesante de aquella sesión en el Congreso, en cambio, es la división del voto, inédita, en el grupo socialista. Por primera vez el bloque completo del catalanismo político votaba unitariamente en una cuestión tan significativa como la defensa del 'derecho a decidir'.

Y eso ya es harina de otro costal. Si Catalunya consigue cuajar y mantener una mayoría consistente, que incluya el socialismo democrático, en torno al ejercicio efectivo y próximo de ese derecho a decidir, todo sería distinto. El Estado español, entonces sí, tendría que revisar esa negativa frontal y abrir el diálogo real en torno al concepto posible de Catalunya-Estado. En esta ocasión sin apelación posible al siempre aplazado e incumplido mejor trato fiscal, ni al humo de colores de un federalismo tan asimétrico como vaporoso y futurible.

Un diálogo para explorar los límites del encaje constitucional de esa aspiración catalana,  expresada de forma indiscutiblemente mayoritaria a través de la verificación democrática del sufragio emitido por sus ciudadanos. Hipótesis a comprobar, claro está. Pero también hipótesis a aceptar como la mejor respuesta posible al aparente callejón sin salida en que nos encontramos.

Alguien dijo, hace ya tres años, que si España quería evitar la independencia de Catalunya, debería aceptar la incorporación del socialismo democrático al mapa activo del catalanismo, mediante su genuina distinción del socialismo español y, en consecuencia,  su protagonismo central en la política catalana.

Como en las mejores películas de la guerra fría, el socialismo catalán ya no puede seguir siendo un agente doble. Debe optar por jugar en campo propio, Catalunya, con todas las consecuencias y a fondo. O bien dejar el campo libre para una izquierda catalana dispuesta a construir esa Catalunya-estado de mano tendida a España y a Europa. Ese es el anuncio potencial del voto-terremoto del martes pasado.

Y distinción no quiere decir confrontación. Quiere decir libertad para establecer los acuerdos, alianzas parlamentarias o coaliciones de gobierno que en cada momento convengan a ambas partes. Eso sí sería congruente con la realidad plurinacional del Estado, la realidad que la Constitución del siglo XXI,  nacida del diálogo abierto con las instituciones catalanas, podría y debería recoger de forma explícita.

Esta vez sin vericuetos semánticos, sin temor ninguno a la inclusión de la nación catalana y su pleno derecho a decidir sobre su futuro. Es decir, sólo desde el reconocimiento de la libertad para irse, Catalunya decidirá quedarse de modo consciente y confiado. El Estado, de momento, parece optar por refugiarse en el ejercicio tautológico de la 'legalidad vigente': sólo existe un sujeto político, el pueblo español en su conjunto, puesto que así lo establece la Constitución del 78. Ejercicio tan fácil como inútil que sólo consigue acentuar la convicción contraria en la sociedad catalana.

Tengámoslo claro, si persiste la negativa a la propuesta catalana, 'entendimiento por reconocimiento', quedará sólo transitable la vía de la independencia como aspiración colectiva y objetivo a perseguir abiertamente. Una aspiración a la que no vamos a renunciar y que debe considerarse no como una casi-religión o ideología absoluta, sino como el resultado posible de un desencuentro tenazmente mantenido y de una puerta siempre cerrada a las repetidas llamadas a la solución compartida.

Curiosamente, han quedado dos llaves sobre la mesa. Una la tiene, como siempre, el conjunto de las instituciones del Estado. La otra está en manos del socialismo catalán. Si la primera cierra la puerta, la ruptura es inevitable. Si la segunda la abre, el horizonte vuelve a ser posible y apasionante. Por eso la votación del pasado 25 de febrero se ha convertido en 'un arma cargada de futuro'. ¿A favor de qué y de quién?. 'A vous de choisir', como dicen nuestros vecinos del Norte.