Los policías locales de Puigcerdà (Girona) que han declarado este martes en el juicio en el que una pianista se enfrenta a una petición fiscal de 7,5 años de prisión por molestar a una vecina durante sus ensayos han confirmado el ruido que se escuchaba en cada una de las visitas que hicieron a la vivienda de la demandante.
La media docena de agentes que han testificado en la segunda jornada del juicio han explicado que acudían al domicilio de esta vecina, Sonia Bonsoms, tras recibir las llamadas de queja y que realmente se apreciaba el sonido.
Los agentes utilizaron un aparato para medir el volumen, aunque con problemas de calibración, pero uno de ellos ha detallado que el objetivo sólo era buscar indicios y que, posteriormente, el Ayuntamiento contrató una empresa especializada.
Los policías han tenido diferente criterio a la hora de valorar el volumen del sonido, que han definido entre no muy elevado y bastante fuerte. En todo caso, las quejas únicamente provenían de esta vecina y nunca del resto de habitantes del bloque en el que residía la pianista.
Un médico del Hospital de Puigcerdà ha declarado también en esta segunda jornada del juicio y ha confirmado que la denunciante sufría un estrés auditivo a causa del sonido del piano, aunque este tipo de problema de salud exige habitualmente una cierta predisposición en la personalidad.
La pianista, Laia Martín, que ahora tiene 28 años y 18 en el momento de la presentación de la denuncia, está acusada de un delito de contaminación acústica y otro de lesiones psíquicas, ya que la denunciante asegura sufrir secuelas por escuchar el instrumento durante cuarenta horas semanales a más decibelios de los que marca la ley.
La denunciante alega sufrir a causa del sonido del piano una alteración del sueño, nerviosismo, intranquilidad, desasosiego, ansiedad, episodios de pánico e, incluso, problemas de gestación en los últimos meses del embarazo de su segundo hijo, nacido en 2006.
La denunciante, que también estuvo de baja laboral por este asunto, se fue a vivir a Galicia con toda su familia en enero de 2008 al no soportar más el ruido y, según el letrado de la acusación particular, tiene tanta fobia a los pianos que es incapaz de ver uno incluso en una escena de películas de cine.
Además de la pena de cárcel, la fiscal pide para la pianista una inhabilitación para ejercer cualquier profesión que tenga que ver con ese instrumento musical durante cuatro años, una multa de 10.800 euros y una indemnización a cubrir entre los tres acusados de 9.900 euros.
Los padres de la pianista se enfrentan a la misma pena, ya que se les considera cooperadores necesarios, mientras que la defensa, ejercida por Marc Molins, solicita la absolución de los tres.
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