El dinero para Dorado no sirve de nada

La familia de Luis Dorado Luque, el diputado socialista de la II República asesinado en 1936 por fuerzas franquistas, se plantea devolver los 37.500 euros que le va a conceder este año el Gobierno para exhumar a su pariente, enterrado en el cementerio de Córdoba. Antonio Gutiérrez, nieto del parlamentario, comunicará la decisión al Ministerio de la Presidencia después de enfrentarse por última vez con el Ayuntamiento de Córdoba paradójicamente gobernado por IU y PSOE, que se opone desde hace un par de años a la exhumación.

El caso Dorado es el primero que llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ante la imposibilidad de investigar su asesinato y exhumar sus restos con la ayuda de las autoridades españolas. El nuevo alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), que sustituyó a Rosa Aguilar tras su salto al Gobierno de Andalucía, mantiene las mismas tesis que su predecesora.

Ocaña insiste en que el Ayuntamiento se encuentra "atado de pies y manos" por la actual situación de los terrenos donde los expertos sitúan la fosa común. "En una parte de ella se levanta una construcción de nichos. Comenzar las excavaciones requiere una autorización de los familiares de los fallecidos que ocupan estos para proceder a su traslado o una orden judicial, y no tenemos ninguna de ellas", manifestó el alcalde a Público.

Son los mismos argumentos ya utilizados en agosto de 2007 por el Consistorio. "Del informe recibido se deduce la imposibilidad material de dar cumplimiento a su solicitud [la exhumación], ya que no existen planos de ubicación de las fosas comunes como es el caso de la zanja B, y porque de las 39 sepulturas existentes en la misma los descendientes son de difícil localización", señalaba el informe municipal. Esta fue parte de la respuesta que obtuvo la familia de Dorado Luque cuando solicitó la exhumación e identificación de los restos del diputado.

"El Gobierno debería hablar con el Ayuntamiento para resolver los problemas", afirma Cecilio Gordillo, del sindicato CGT, que ha apoyado a la familia a lo largo de todo el proceso. Los descendientes de Dorado están cansados de todo el asunto y esperan que la carta de Estrasburgo, que debe estudiar el caso, caiga boca arriba.

El primer edil de Córdoba asegura que le duelen las acusaciones de la familia de Dorado Luque, e insiste en que la situación de la fosa del cementerio no tiene nada que ver con la que el Consistorio de Málaga ha abierto en un camposanto de esta ciudad. "Allí no tienen que mover las construcciones donde hay otros enterramientos para intentar localizar los cadáveres", justifica.

¿Y si lo ordena un juez? Ocaña no duda: "Se haría, pero a día de hoy esa orden no existe". Ni existirá, salvo que Estrasburgo lo remedie, porque la familia ha agotado la vía judicial en España: primera y segunda instancia en Córdoba, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional, que no admitió a trámite su demanda.