La cúpula directiva de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital Sant Pau de Barcelona ha dimitido en bloque el mediodía de este viernes en una reunión extraordinaria, después de que esta semana el juez que instruye la denuncia de presuntos delitos de prevaricacion y malversación de fondos imputara a otros nueve excargos.

En la reunión extraordinaria, han presentado su dimisión el presidente de la fundación, Xavier Pomés, que había llegado al centro en mayo del año pasado para tratar de contribuir a redirigir el rumbo del hospital, que acumulaba entonces un déficit de 18 millones de euros.

También han dimitido los representantes de la Generalitat Josep Manuel Basáñez y Enric Agustí Fabré; el representante del Capítulo Catedralicio Josep Ramon Pérez Sánchez, y la delegada de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, Cristina Iniesta.

La dimisión se suma a la presentada en abril por el gerente del hospital Xavier Corbella, menos de un año después de que fuera nombrado para el cargo.

Corbella -exgerente del Hospital de Bellvitge- y Pomés llegaron al centro en mayo de 2012, después de que el Govern decidiera intervenir el hospital, que había acumulado un déficit de 18 millones de euros en 2011 y se había visto obligado a suspender la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) por una denuncia de los trabajadores.

En aquel momento, Pomés achacó la dimisión de Corbella a unos problemas de salud que han derivado en una baja laboral, si bien también responsabiliza de la dimisión a la 'injustificable campaña en su contra por parte de un colectivo de trabajadores'.

Pomés carga de este modo contra una supuesta 'operación de descrédito y de calumnias' por parte de estos empleados, que ya hace meses llevaron a los tribunales varias demandas por desvío de fondos, estafa y malversación de fondos en la gestión del hospital.

El Protectorado de Fundaciones de la Conselleria de Justicia ha recomendado al patronato de la Fundación del Hospital Sant Pau de Barcelona a que pida el concurso de acreedores.

Lo hace al entender que ésta es la mejor solución para 'reconducir con las máximas garantías la situación de bloqueo en que se encuentra'.

La decisión, según un comunicado remitido por el departamento que dirige Germà Gordó, 'en ningún caso supondrá la liquidación de la Fundación, ni el cierre del centro, ni el inicio de un proceso de privatización', sino el nombramiento de administradores concursales por parte del juez para impulsar un plan de viabilidad en el hospital.