La dimisión del president de la Generalitat, Francisco Camps, deja en el aire el pacto que habrían alcanzado todos los procesados en la llamada "causa de los trajes" para aceptar los hechos, pagar la multa y evitar así el juicio por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio.

Camps se enfrenta, junto con el exvicepresidente del Conselll Víctor Campos, el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa y el exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, a un juicio por haber supuestamente recibido trajes y otras prendas de vestir de la trama "Gürtel".

Campos y Betoret han firmado esta mañana la conformidad, por lo que solo faltan por hacerlo Camps y Costa, a quienes el presidente del tribunal del jurado, Juan Climent, podría remitir una providencia para conocer cual será su decisión, en caso de que en los próximos días no acudieran a firmar sus escritos.

Sin embargo, la dimisión de Camps y su afirmación de que se siente "liberado" para defenderse "donde corresponda de estas infamias y estas insidias", hace pensar que el president no aceptará la conformidad.

Fuentes jurídicas han explicado a EFE que la conformidad, que permitiría evitar la celebración del juicio, solo es posible si los cuatro imputados aceptan su culpa; de lo contrario, el proceso seguiría su curso como si nada de lo anterior hubiera sucedido.

La conformidad supone la entrega en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de un escrito de los abogados de los procesados, en el que se dice que aceptan lo que se les imputa en la acusaciones, y en este caso, además, la pena más alta, que sería la multa de 46.000 euros que pide la acusación popular, ejercida por el PSPV-PSOE.

Los socialistas también reclamaban tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para Camps, pero las mismas fuentes jurídicas han señalado que cuando se produjeron los hechos, el cohecho pasivo impropio era sancionado por el Código Penal solo con multa, mientras que tras su reciente reforma se paga con penal de cárcel o inhabilitación.

Sin embargo, las mismas fuentes han asegurado este escrito no tiene validez hasta que el acusado no se persone ante el secretario y el presidente del tribunal del jurado, que en este caso es el magistrado Juan Climent por reparto, y firme el escrito.

Una vez los cuatro la hayan firmado, Climent deberá redactar una sentencia en la que les atribuyan los hechos de los que han sido acusados y se les imponga la multa que deberá abonar, que no podrá ser mayor a la máxima reclamada, aunque sí inferior si así lo considera el magistrado.

En este caso, los ya condenados tendrían antecedentes penales, aunque no muy graves ya que vienen derivados de una pena de multa y no de prisión, que además prescribirían a los dos años.

Respecto al caso de Ricardo Costa, quien tiene pendiente la causa por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano y estos antecedentes podrían provocar su ingreso en prisión en caso de ser condenado, fuentes jurídicas dudan de que esto pudiera afectarle debido a lo dilatados que suelen ser estos procesos judiciales.