Dice un eslogan publicitario que 'cuando se puede elegir, es obligado acertar'. El Estado parece tenerlo presente cuando se trata de comprar tecnología que no existe en el mercado: le gustaría acertar en tan arriesgada decisión, pero no sabe cómo. El supuesto legal de la compra de I+D por parte de la Administración existe desde 2008, cuando entró en vigor la nueva Ley de Contratos Públicos. Pero desde entonces, sólo ha habido un proyecto de este tipo: la renovación de la red que conecta a universidades y centros de investigación, promovida por la entidad pública Red.es.

La compra pública de tecnología innovadora, muy común en otros países desde hace décadas (en Estados Unidos, este tipo de operaciones propició el germen de la actual Internet o el de los aviones espía, y en Escandinavia, el de los primeros teléfonos móviles), podría animar la inversión en I+D, una de las lagunas de la economía. El plan del Gobierno, que la crisis parece no haber alterado, es que en 2010 esta partida suponga el 2% del PIB. Ahora está en el 1,27%. La media de la UE es del 1,8%.

Para José Luis Pérez, subdirector general de Fomento de la Investigación, lanzar un proceso de licitación para conseguir un producto que no existe, sin precio ni plazos definidos, supone 'cambiar totalmente de filosofía' para la Administración. El Ministerio de Ciencia e Innovación, al que está adscrito Pérez, está 'muy interesado' en la compra pública de tecnología, pero tiene poco que hacer al respecto: casi la mitad de las compras estatales las hacen los Ministerios de Defensa y Fomento.

Pérez, que participó en unas recientes jornadas organizadas por la Fundación Círculo de Tecnologías, admite un problema de formación en los técnicos de la Administración respecto a la adquisición de I+D y, por ello, propone crear una comisión interministerial para abordar la cuestión.

Como ejemplo de los cambios que implica ese nuevo sistema de contratación, las adjudicaciones no se deciden por los procedimientos habituales (concurso abierto o restringido), sino mediante el llamado diálogo competitivo: al licitarse no un producto, sino una necesidad, hacen falta numerosas reuniones con las empresas interesadas antes de que presenten sus ofertas. Además, el riesgo en caso de fracaso (que es muy alto) se comparte entre el licitador (la Administración pública) y el adjudicatario.

Hasta el cambio normativo del año pasado, ese tipo de operaciones, como la que dio lugar al pionero sistema de control de fronteras (conocido como SIVE) que Amper desarrolló para la Guardia Civil, sólo podían hacerse bordeando la legalidad, que priorizaba, sobre todo, minimizar el gasto público.

El proyecto de Red.es parece haber convencido a las empresas, que son las que presionaron, a través de la fundación Cotec, para abrir el melón de la compra pública de tecnología. El proyecto, que aún no se ha adjudicado (el proceso se abrió en noviembre) está dotado con 130 millones de euros y pretende modernizar Rediris, la red que conecta a centros de investigación y universidades españolas. Hay 23 empresas proveedoras de fibra óptica interesadas.