Los dependientes plantan batalla al Gobierno en los tribunales

El decreto de reforma de la Ley de Dependencia aprobado por el Gobierno, que aniquila el espíritu de la ley de 2006, encontrará resistencia en los tribunales. La Asociación por los derechos civiles de los discapacitados y sus familiares ha congregado a 130 familias, a través de las redes sociales, para recurrir ante la Audiencia Nacional la reforma de la ley porque “vulnera derechos adquiridos” de las personas dependientes y sus familiares.

“Bajo nuestro punto de vista esta reforma vulnera los derechos adquiridos por las personas dependientes y los cuidadores no profesionales cuando se promulgó la Ley de Dependencia”, explica a Público Antonio Moreno, asesor jurídico de la Asociación. La reforma de la ley, que fue aprobada por el consejo de ministros el pasado 13 de julio, prevé que el Estado deje de pagar la Seguridad Social a las personas que estén cuidando a familiares dependientes, un descenso de un mínimo del 15% en su retribución y la exclusión del sistema de los dependientes moderados hasta 2015. 

"Llegaremos hasta Estrasburgo si hace falta" asevera Antonio MorenoLa reforma fue presentada ayer, martes, ante la Audiencia Nacional de Madrid con el objetivo de que "los tribunales obliguen a dar marcha atrás al Gobierno". Pero este paso que han dado las familias será solo el primero de una larga lista. Según reconoce Antonio Moreno, las familias están dispuestas a elevar su recurso ante el Tribunal Supremo y, en caso de agotar todas las posibilidades en la justicia española, acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo (Francia). 

La iniciativa de este recurso colectivo surgió partió de Antonio Moreno. El asesor de la Asociación por los derechos civiles de los discapacitados y sus familiares lanzó la propuesta de una unión de las familias afectadas en la red social Facebook y, a día de ayer, ya se habían presentado 130 familias afectadas. Entre todas ellas, asumirán los costes del recurso presentado ante la Audiencia Nacional y sus posibles derivaciones, en total 2.200 euros, de manera solidaria. Hasta el momento, cada una de ellas ha aportado la cantidad de 20 euros, pero Moreno espera que la iniciativa llegue a unir a 2.200 familias para que, de esta manera, sólo tengan que pagar un euro.

La iniciativa surgió en las redes sociales y 130 familias ya se han unido

"Es una iniciativa que deberían haber presentado nuestros representantes políticos pero viendo que ellos no nos representan pues lo han tenido que hacer las familias”, asevera Moreno, quien pone en duda la credibilidad y valía de los recortes sociales del Gobierno de Rajoy ya que "sólo afectan a los más pobres". “Si hemos de contribuir con el sistema contribuiremos, pero antes deberían arrimar el hombro nuestros políticos. ¿Por qué los ex presidentes del Gobierno siguen cobrando sus pensiones vitalicias? Primero deberían ajustarse ellos, después el resto y, por último, los más desfavorecidos”, argumenta.

La plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Alcorcón (Madrid) también presentará batalla. Esta asociación planteará en todas sus causas judiciales que recurran las medidas del Gobierno que los jueces eleven una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). "Creemos que es la mejor vía. El resto de caminos hacia el TC incluye contar con 50 diputados o 50 senadores, al Defensor del Pueblo o la recogidad de firmas, por lo que nos hemos decantado por esta opción como la más apolítica", afirma José Ausín, asesor jurídico de la plataforma.

El gobierno catalán baraja recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la menor aportación estatal a la ley de dependencia y, de momento, ya ha solicitado dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias. El Govern quiere que el Consejo de Garantías Estatutarias se pronuncie sobre dos disposiciones de la ley de presupuestos del Estado para 2012 sobre la ley de dependencia.

El portavoz del ejecutivo catalán, Francesc Homs, ha denunciado que eso representa "77 millones de euros menos de aportación del Estado a Cataluña", aunque se mantiene el deber de las comunidades autónomas a garantizar las obligaciones que impone la ley.